Iñigo Urkullu Renteria (Alonsotegui, Vizcaya, 18 de septiembre de 1961) no solo es ‘lehendakari’ del Gobierno vasco desde el 15 de diciembre de 2012. Por lo que auguran las encuestas de cara a las elecciones autonómicas de este domingo 12 de julio, también es un líder ‘inmune’. ‘Inmune’ a la tragedia del vertedero de Zaldíbar, cuya gestión ha sido duramente criticada por las familias afectadas y los pueblos cercanos y que mantiene sepultados desde el seis de febrero a Joaquín Beltrán (51 años) y Alberto Sololuze (62 años) bajo miles de toneladas de basura industrial. Este domingo se cumplirán 157 días.
Urkullu también es ‘inmune’ al suspenso con el que la mayoría de los vascos -según el último ‘Deustobarómetro’- califica su gestión de la pandemia, que ha dejado en Euskadi 21.300 contagiados y 1.621 muertos. El ‘lehendakari’ parece asimismo invulnerable ante la crisis económica que sufre el País Vasco por el huracán del coronavirus y que llevará el paro hasta el 13,7% a finales de este año, con una perdida de 68.000 puestos de trabajo, según las previsiones, frente al 9,09% de 2019. Al aumento del desempleo se suma una caída del PIB del 8,7%. Por último, Urkullu también es ‘inmune’ a los diversos casos de corrupción que han surgido últimamente en el entorno del PNV, como los casos ‘Osakidetza’ y ‘De Miguel’, la apodada ‘Gürtel vasca’. Inmune, en fin, a todos los síntomas que indican un resquebrajamiento del llamado ‘oasis económico vasco’.
Pero al ‘lehendakari’ se le han abierto dos vías de agua en los últimos días, que amenazan su pretensión de superar los mejores resultados conseguidos jamás por el PNV en unas elecciones autonómicas, cuando en 1984, antes de la escisión de EA, Carlos Garaikoetxea logró 32 diputados (la mayoría absoluta está en 38). Estos dos ‘grietas’ son la abstención y el rebrote descontrolado de la pandemia con epicentro en Ordizia, que suma ya 69 positivos y se ha extendido por otras localidades del Goierri, una de las comarcas más industriales y con mayor nivel de vida de toda Europa, un feudo en el que el PNV es el partido más votado, aunque EH Bildu le pisa los talones.
El rebrote del coronavirus en Ordizia ha enfangado el final de una campaña electoral anodina, aburrida y marcada por unas encuestas que se inclinan a favor del PNV. La Junta Electoral Central ha avalado la celebración de las elecciones en Ordizia (10.000 habitantes) y Urkullu ha insistido en que se dan todas las condiciones para poder votar el domingo, pero el alcalde del municipio, Adur Ezenarro, de EH Bildu, ha pedido la suspensión porque no puede garantizarse el derecho a voto para todos sus habitantes. Incluso, la consejera de Sanidad del Ejecutivo vasco, Nekane Murga, anunció este viernes que, "quienes sean positivos por Covid-19 no pueden acudir a votar", doscientas personas en toda Euskadi, “y tampoco quienes se hayan realizado el test PCR”, 2.300 personas en Ordizia y la comarca, “y no sepan aún los resultados”. El ya exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, el magistrado Ignacio González Vega, manifiestaba ayer sus dudas sobre esta decisión de impedir el voto: "Es un derecho fundamental y no se puede anular así como así. Las instituciones deben poner todos los medios para que todos los ciudadanos puedan ejercer ese derecho fundamental".
Y en esta situación tan ‘peculiar’, en la que hay ciudadanos que no pueden ejercer su derecho al voto, otros muchos no irán al colegio electoral a depositar su papeleta. Pese a que la solicitud de voto por correo ha aumentado un 150% respecto a las anteriores elecciones, se espera una abstención ‘récord’ que supere el 39,98% del 2016. Y parece que mucha de esta abstención uede producirse entre el tradicional electorado de Urkullu. "Tengo 84 años y me da miedo ir a votar. Soy mayor y tengo que tener todas las precauciones contra el coronavirus. Esta vez me quedaré en casa. Además, está claro que va a ganar Urkullu y el PNV...", confiesa una ciudadana de Beasain, pueblo colindante con Ordizia, votante del PNV "de toda la vida".
Así, ante el miedo a una gran abstención, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha lanzado una advertencia: "Me preocupa menos la oposición que la abstención. Estas elecciones son muy importantes. Nos jugamos mucho. Son los comicios más importantes en 40 años porque la Euskadi del futuro se va a fraguar esta legislatura".
La gestión del Gobierno vasco ante la crisis sanitaria generada por la Covid-19 ha levantado igualmente muchas críticas en Euskadi... e incluso algún ‘revolcón’ en los tribunales como el provocado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que tras una denuncia del sindicato ESK, sentencia que Osakidetza puso en riesgo la salud de sus trabajadores y trabajadoras en la pandemia por no proporcionarles los equipos de protección adecuados. También le obliga a tomar medidas.
Asimismo, una encuesta llevada a cabo por el principal sindicato de enfermería, SATSE, determina que en Euskadi la cantidad y calidad del material de protección disponible en Osakidetza en los peores periodos de la pandemia ha sido valorado con 3,8 puntos sobre 10. Un 78,3 % de las enfermeras han tenido que reutilizar la mascarilla FPP-2 o FPP-3, un 58 % ha tenido que reutilizar mascarillas quirúrgicas, un 59,3% las batas impermeables y un 21,7% los buzos de un solo uso. En cuanto a la gestión de la crisis por el Departamento de Salud, la calificación ha sido de 3,6 sobre 10. Unos datos "impactantes" para SATSE, que ha pedido al Servicio Vasco de Salud que reflexione sobre la gestión realizada a lo largo de estos meses "para no volver a cometer errores en el futuro".
Frente a ello, el Ejecutivo de Urkullu 'saca pecho' por la gestión de la crisis que ha hecho Osakidetza, considerada la joya de la corona de la autonomía, y anuncia, apoyado en unas cuentas públicas saneadas (hay superávit desde 2017), que ha “llegado el momento de gastar y endeudarse" para reconstruir la economía vasca tras la crisis y garantizar que "no habrá recortes".
La visión de la situación económica en Euskadi que ofrece un trabajador de la plantilla de la factoría de Arcelor (Gipuzkoa) es muy diferente. "Está a punto de resquebrajarse. Aquí hemos vivido muy bien hasta ahora. Tenemos buenos sueldos. Muy buenos... y todo eso ha propiciado que los precios de todos los servicios estén en consonancia. Pero las plantillas de las empresas industriales están envejecidas y cuando se va jubilando la gente los sustitutos entran a través de ETTs, al menos en Arcelor, y sus sueldos pueden ser 1.200 euros al mes menores que los del personal de plantilla. Entonces, si un trabajador gana 1.300 euros, ¿cómo va pagar 400.000 por un piso de tres habitaciones, que es lo que valen aquí, o 1,50 euros por la barra de pan más barata? Creo que en unos años Euskadi va a tener un problema en ese sentido. La economía está sustentada sobre cimientos muy débiles", sentencia Jon*, antes de subirse en su vehículo y partir hacia la factoría donde trabajará, en la boca de un alto horno, las próximas ocho horas.
Y además de todas estas cuestiones, ahí sigue estando el desastre de Zaldíbar, cinco meses después de producirse, y que mantiene a dos trabajadores sepultados bajo miles de toneladas de desechos industriales y también por una especie de 'velo de silencio', provocado en buena medida por la crisis del coronavirus, que ha puesto en este drama el foco de la actualidad y, en buena medida, se ha olvidado de Zaldíbar. La plataforma Zaldibar argitu (Aclarar Zaldíbar) convocó una manifestación, que fue multitudinaria, este pasado 4 de julio en Eibar, en la que explicaban que, “que nadie haya asumido la responsabilidad tras un desastre social, económico y político tan importante es muy grave. Nosotros exigimos la dimisión de Iñaki Arriola (consejero de Medio Ambiente del ejecutivo de coalición de Urkullu y miembro del PSOE), que dejó la tutela total en manos de la empresa y creemos que, para que no se repita, tiene que haber una remodelación de las políticas de gestión de residuos y tiene que ser pública, que no les dejen hacer lo que quieran”.
Urkullu, o al menos eso dicen las encuestas, capea el temporal. Mientras, los demás partidos del arco parlamentario, parecen estar ‘a verlas venir’. EH Bildu, que no ha logrado que el tema soberanista sea el eje de la campaña, parece que subirá algún escaño. Como el PSOE, que también saca partido de su participación en el gobierno del ‘inmune’ Urkullu. La coalición PNV-PSOE se vislumbra como la principal posibilidad de Gobierno tras el 12-J, con una holgada mayoría absoluta entre ambos que podría rondar los 44 escaños de 75. Elkarrekin Podemos (Unidas Podemos) sufrirá, parece, un fuerte retroceso del que se beneficiarían los de Otegi y los capitaneados por Idoia Mendia, como el PP, al que la constante presencia de Pablo Casado en la campaña, el ‘rescate’ de un candidato como Iturgaiz, que estaba retirado de la política, y su alianza con Ciudadanos no parece que le darán los resultados apetecidos y las encuestas le auguran la pérdida de, al menos, la mitad de sus nueve escaños. Quizás, la gran novedad que deparen las elecciones del 12-J podría ser la entrada en el Parlamento de Vitoria de la ultraderecha de Vox, cuya presencia ha propiciado diversos incidentes en varias localidades durante la campaña, con un posible escaño por Álava.
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