El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha arrancado el curso político con el anuncio de una batería de medidas por valor de 400 millones de euros para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a afrontar la crisis energética durante los próximos meses, un asunto prioritario frente a reivindicaciones históricas como el logro de un nuevo estatuto para Euskadi. Dicho plan incluye ocho iniciativas entre las que se encuentran una nueva deflactación del IRPF a partir de enero de 2021, con el objetivo de "atenuar la inflación subyacente prevista". Con ello, se suma así al listado de comunidades autónomas que ya lo han impulsado, como Madrid, Andalucía o Murcia, todas ellas gobernadas por el PP.
El pasado mes de julio, las haciendas forales de Euskadi anunciaron la aplicación de deflactación adicional del 4% -que se sumaría a la del 1,5% aprobada a principios de año- a todos los contribuyentes, una medida con la que se pretendía evitar que los ciudadanos pagasen más impuestos por la subida de salarios asociada a la inflación.
El pleno de Política General de este jueves con el que arranca oficialmente la actividad del Parlamento Vasco ha servido para tantear la disposición de los partidos de la oposición a alcanzar pactos para afrontar la inflación y escalada de precios energéticos. Ante un escenario de incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania y un ambiente preelectoral a ocho meses de los comicios municipales y forales de mayo, Urkullu ha propuesto a la oposición arrimar el hombro y alcanzar grandes acuerdos de país en cinco materias: los presupuestos de 2023, reforzar la Atención Primaria, el pacto educativo, el reto demográfico y la energía. El paquete también incluye una línea de crédito especial para empresas intensivas en energía, pymes y autónomos, reforzando las medidas planteadas en el Plan de contingencia energética de País Vasco, así como el refuerzo del programa de ayudas para incentivar el ahorro y el autoconsumo a través de la generación de energías renovables en empresas, pymes, personas autónomas y polígonos industriales, entre otras medidas.
Para afrontar el negro escenario de crisis global ha anunciado un programa de medidas dotadas de 400 millones que servirán para cubrir las necesidades básicas de colectivos vulnerables, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y facilitar créditos a empresas viables que estén en una situación complicada. Ha explicado que este programa se financiará con recursos presupuestarios propios, con fondos europeos y también con fondos extraordinarios por el recargo fiscal a empresas energéticas.
Estos objetivos han orillado otros planteamientos históricos del nacionalismo vasco. Urkullu no ha mencionado la aspiración a un nuevo estatuto y se ha limitado a exigir que se culmine el actual y que para ello se cree una comisión permanente entre los gobiernos central y vasco que garantice su cumplimiento. El portavoz del PNV Joseba Egibar ha sido tajante en esta materia: Hay que cumplir el Estatuto "y punto", ha dicho. Los principales partidos de la oposición por su parte han dejado la puerta abierta a lograr acuerdos de país pero con matices.
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