Panamá debe esforzarse más para garantizar derechos de indígenas, dice la ONU

  • Panamá "debe esforzarse más" para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la preservación cultural de los pueblos indígenas, señala el diagnóstico que sobre la situación de los nativos divulgó hoy una representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Panamá, 30 ago.- Panamá "debe esforzarse más" para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la preservación cultural de los pueblos indígenas, señala el diagnóstico que sobre la situación de los nativos divulgó hoy una representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La representante regional del Alto Comisionado, Carmen Rosa Villa, explicó que el informe particular sobre Panamá forma parte del diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas de Centroamérica, sin incluir Belice.

En la elaboración del informe participaron representantes de las comunidades indígenas de la región, que propusieron los temas analizados en el documento.

Los ejes tratados fueron: tierras, territorios y recursos, libre determinación, justicia, participación política, educación, salud e igualdad y no discriminación.

Villa indicó que el estudio "permite disponer de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas", que puede ser utilizado para trazar líneas estratégicas y acciones concretas para garantizarles sus derechos.

Añadió que el documento recoge el reconocimiento y protección jurídica de las tierras y territorios que el Estado panameño ha otorgado a los pueblos indígenas, "pero esa titulación no ha logrado ser una medida eficaz para evitar las invasiones a estos territorios y las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentran en ellos".

Sobre el tema de la libre determinación, el estudio plantea la necesidad de una mayor cooperación entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar su plena autonomía, por ello es necesario consolidar e implementar políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas coherentes con los estándares internacionales.

El documento también reconoce los avances registrados en el ámbito de la Justicia, sobre todo en el Código Procesal Penal de 2008, pero algunos de estos esfuerzos deben ser dirigidos a la capacitación y asesoramiento de los profesionales del derecho, a fin de proveer la debida interpretación en los idiomas indígenas en los procesos judiciales.

En cuanto al derecho de participación política se resalta el hecho de que en Panamá la representación parlamentaria indígena es escasa, a pesar de que los pueblos aborígenes representan el 12 % de la población total del país.

Mucho más reducida es la representación de la mujer indígena en los congresos generales, máximo órgano tradicional indígena, donde solo uno de los doce es liderado por una mujer.

En lo referente a la educación se recalcó que es necesario intensificar los programas que reduzcan la brecha existente en el acceso a la educación entre la población indígena y la no indígena, tanto en la educación básica como en la superior.

En materia de salud, el informe precisa que las organizaciones de derechos humanos han enfatizado la necesidad de incrementar los esfuerzos para garantizar el acceso en las áreas rurales y de difícil acceso, así como reducir las tasas de muertes maternas en las regiones indígenas.

Sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el documento destaca la existencia en la Defensoría del Pueblo de una unidad especializada en asuntos indígenas y del trabajo que se realiza en conjunto con la oficina del Alto Comisionado para crear un protocolo de actuación para atender casos de discriminación racial y étnica.

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