La Fiscalía del Tribunal Supremo no puede tomar una decisión sobre el vicepresidente segundo del Gobierno con las pruebas que tiene sobre la mesa. El órgano que dirige Dolores Delgado debe dar su criterio sobre el futuro procesal de Pablo Iglesias y, aunque no es vinculante, sí que lo tendrá en cuenta la Sala de lo Penal, que es la que decidirá si se le investiga o no. Las dudas sobre el asunto han llevado al Ministerio Público a emitir un informe en el que piden que la causa por el robo de la tarjeta de Dina Bousselham vuelva a la Audiencia Nacional para practicar más diligencias. Sin embargo, este mismo órgano vetó al magistrado Manuel García Castellón investigar al líder de Podemos, por lo que la causa parecer entrar en un punto muerto.
El pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional se pronunció a favor de Iglesias y le devolvió su condición de perjudicado por los negocios del comisario José Manuel Villarejo. Los magistrados de la Sala de lo Penal de este órgano corrigieron de esta forma el criterio de García Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción quienes consideraban que Iglesias no tenía que seguir ostentando esta condición toda vez que se descubrió que se quedó con la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham al menos medio año tras recibirla en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
Sin embargo, los tres magistrados que fallaron a favor de Iglesias lanzaron un recado más: dejaron claro al juez que su investigación por el caso Tándem se tenía que ceñir a la presunta organización criminal que dirigió el agente encubierto. Esto es: tenía que poner coto a las diligencias practicadas en el marco de esta pieza décima de la macrocausa encaminadas a averiguar cómo se produjo el borrado de la tarjeta, por qué la retuvo Iglesias ese tiempo en su poder o quien difundió en prensa los famosos pantallazos del teléfono. De hecho, el auto le recordaba que, de seguirse, este asunto tendría que derivar a un juzgado ordinario por ser el que ostenta la competencia. Ello llevó al magistrado a tomar dos decisiones de calado: por un lado cerró la investigación y actuó contra los tres imputados de la pieza (Villarejo, Alberto Pozas y Luis Rendueles) y, por otro, envió exposición razonada al Supremo.
En la misma apuntaba que con las pesquisas realizadas en este tiempo (incluida la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente) tenía indicios para actuar contra Iglesias por tres delitos. Según indicó, el partido sacó rédito político del presunto robo cuando en realidad no queda claro que hubiera sustracción del dispositivo en noviembre de 2015. También expuso que los mensajes internos del equipo jurídico demostrarían que se tuvo constancia de que la filtración de estos pantallazos (que hizo la propia Dina) se produjo desde dentro del partido por sectores críticos con la gestión de Iglesias. Por ese motivo, actuó contra él atribuyéndole indiciariamente los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
El asunto cayó en manos del Supremo desde donde, siguiendo con los cauces procesales, se dio traslado a la Fiscalía. El encargado de asumir esta cuestión fue el fiscal teniente del alto tribunal, Luis Navajas, el cual se apoyó de un equipo de fiscales de la Sala de lo Penal. Todos ellos han dirimido durante estas semanas acerca de si informar a favor del magistrado García Castellón o revocar su pretensión por falta de pruebas. Sin embargo, el documento conocido este viernes sorprendió en la Audiencia Nacional ya que no apuntó ni en una ni en otra dirección. El escrito sí adelanta la existencia de "indicios sólidos" de delito en lo que respecta a daños informáticos y revelación de secretos. Por contra, no ven factible que prospere el tipo de denuncia falsa.
De este modo actúan en contra de lo expuesto por la Audiencia y consideran que, antes de pronunciarse sobre unos hechos que afectan al vicepresidente segundo del Gobierno, es clave llevar a cabo varias diligencias con carácter prioritario. La primera de ellas sería volver a tomar declaración a Bousselham e interrogar, por primera vez, a su marido Ricardo Sá Ferreira. Este último nunca ha hablado en la causa aunque podría aportar detalles acerca del supuesto robo (fue la persona a la que le sustrajeron la chaqueta con los móviles en su interior) y también sobre el intento de reparación del dispositivo. Según explicó Bousselham en marzo ante el juez, ella recibió a mediados de 2016 su tarjeta SD de manos de Iglesias. Éste le dijo que la había recibido en enero y que la llegó a visualizar. Cuando ella hizo lo propio no pudo acceder a su contenido. Según dijo, "nunca" lo vio.
Por ese motivo Sa Ferreira se puso en contacto con la firma Recuperación Express y envió la tarjeta a Londres, desde donde intentaron recuperarla de acuerdo con los correos intercambiados entre las partes y adelantados por este diario. Ahora los fiscales quieren que se le pregunte por estos hechos y que se le dé oportunidad a Bousselham de declarar de nuevo. Su testimonio en el que apuntó de manera involuntaria a Iglesias en este asunto derivó en que enviara un nuevo escrito a finales de ese mes de mayo para dejar constancia que no dudaba de su exjefe, con quien, además, compartía defensa letrada. Su relato será clave para decidir sobre el delito de revelación de secretos ya que si ella ofrece su perdón, éste decaería. Por eso, el informe considera a Dina la "llave" del asunto.
Sobre los daños informáticos, los fiscales dan por acreditado el relato del magistrado en lo que respecta a que Iglesias sí visualizó la tarjeta y la devolvió tiempo después, al parecer ya inservible. Por eso quieren que declaren en la Audiencia Nacional los autores del informe pericial que se realizó sobre la empresa galesa. Los mismos sí respondieron por escrito a las preguntas del magistrado, el cual incluso planeó un viaje a Gales para investigar sobre terreno este asunto. De este modo cumplieron con las diligencias encargadas a la Policía Judicial del caso y también a la científica quienes intentaron esclarecer sin éxito alguno en qué punto de la historia se pudo destruir la tarjeta. El resultado que expuso la empresa fue que el dispositivo no mostraba "fracturas externas" cuando lo recibieron pero que fue imposible recuperarlo con las técnicas normales debido a su estado.
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