La parálisis política ha llegado hasta la cafetería del Congreso de los Diputados, la misma en la que un José Luis Rodríguez Zapatero sensiblemente alejado de la realidad social se tomaba los cafés a 80 céntimos. La adjudicación del contrato a la empresa Cafestore S.A.U., filial de Sacyr, está bloqueada desde hace seis meses porque la Mesa de la Cámara todavía no ha nombrado al tribunal que debe decidir sobre un recurso presentado por una de las compañías que compitieron por hacerse con la explotación de este emblemático lugar que da servicio a unas 1.500 personas, entre diputados, funcionarios, ujieres, taquígrafos, letrados, asesores, mantenimiento, periodistas y demás empleados.
Según ha podido comprobar La Información, tras estudiar las ofertas técnicas y económicas aportadas por las siete empresas que concurrían al concurso, la Junta de Contratación de la Cámara Baja adjudicó a Cafestore el nuevo contrato del servicio de restauración colectiva (autoservicios), cafeterías, restaurante, y máquinas expendedoras (vending) del Parlamento el día 13 de marzo. Pero, medio año después, la filial de Sacyr está a la espera de que se resuelva el recurso presentado por una de las siete empresas que se batían en la pugna por el contrato valorado en un máximo de 1.575.000 euros y adjudicado finalmente por 766.666 euros.
El problema, según explican fuentes del Congreso, es que hasta que no se resuelva el recurso el procedimiento sigue abierto y la adjudicación del contrato no puede hacerse efectiva. Las mismas fuentes aseguran que ese recurso "se está estudiando", pero dicen desconocer cuánto tardará en resolverse. Eso sí, garantizan que "este año no va a ser". ¿El motivo? La inestabilidad que reina en el Parlamento desde principios de este año –la convocatoria de elecciones generales anticipadas precipitó la disolución de las Cortes en marzo– ha obstaculizado el nombramiento del tribunal interno de la Cámara responsable de admitir o rechazar ese recurso.
"En la situación política en la que estamos, veo difícil que se resuelva antes de que acabe el año", zanjan. La opción más que probable de que se celebren unas nuevas elecciones en noviembre obligaría a volver a disolver las Cortes a finales de este mes y, de nuevo, a paralizar toda la actividad parlamentaria, más allá de la Diputación Permanente. Y así, los componentes del mencionado tribunal seguirán sin ser designados.
Se trata del Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales, una figura creada por acuerdo del Congreso y el Senado en el año 2011 para resolver los recursos previos a la vía de lo contencioso administrativo que se puedan presentar contra las adjudicaciones de concursos que se decidan en las dos Cámaras y en los órganos que de ellas dependen: el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central.
Composición mixta del tribunal
Este tribunal se compone por un diputado, un senador y un funcionario de las Cortes Generales, el interventor, que reúne el requisito legal de la cualificación jurídica sin que, por razón de su cargo, haya tenido ninguna participación en los actos que van a enjuiciarse. Estos deben ser designados por las Mesas de las Cámaras reunidas en sesión conjunta, algo que no ha sucedido en esta legislatura, en la que ni siquiera se han llegado a constituir las subcomisiones parlamentarias.
A la espera de que se resuelva esta situación de interinidad, la empresa que hasta ahora explotaba la cafetería del Congreso sigue prestando el servicio. Según consta en el pliego de cláusulas administrativas, está obligada a hacerlo hasta que se inicie la prestación de los servicios por la empresa que resultase nueva adjudicataria. Se trata de Eurest Colectividades S.L., que se impuso en 2013 al Grupo Cantoblanco del exvicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, que había gestionado las instalaciones durante más de dos décadas.
Precios más bajos
En el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas el Congreso establece unos precios máximos que la empresa adjudicataria debe respetar. Son baratos porque son parcialmente subvencionados, como sucede en otras instituciones públicas como los ministerios o las universidades. Por ejemplo, el café no puede costar más de 0,88 euros, la caña, como mucho, 0,96 euros, el desayuno continental 1,08 euros, la copa de vino blanco o rosado 1,19 euros, la de vino tinto 1,90 o el menú completo 9,28 euros a lo sumo.
No obstante, habitualmente las empresas que participan en el concurso bajan los precios estipulados para hacerse con el servicio de restauración. De esta manera, el café se queda en 0,74 euros, la caña de cerveza en 0,81 euros, el vino blanco o rosado en 1 euro, el desayuno continental en 0,91 euros y el menú completo en solo 7,89 euros.
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