La adquisición de un parking en Marbella, participaciones en otras sociedades o la ampliación de su entramado empresarial son algunos de los destinos a los que fueron a parar los pagos de BBVA por sus trabajos de espionaje. La Unidad de Asuntos Internos acredita en el último informe incorporado a la causa cómo repartió el comisario jubilado los 10,28 millones de euros que percibió de la entidad por los servicios que prestó entre los años 2004 y 2017 concluyendo que todas las inversiones que realizó "no hubieran sido posibles" sin los fondos que abonó BBVA en esos trece años.
El oficio policial, al que ha tenido acceso La Información, amplía las pesquisas iniciales en las que el foco se puso en los bancos en aras a seguir el rastro de las transferencias realizadas con este dinero. Ahora, los agentes acreditan el destino final de todos estos pagos por labores de espionaje acometidas desde el Grupo Cenyt y otras firmas de su entramado. Destacan, en primer lugar, los traspasos que se hicieron desde la cuenta de su sociedad matriz que canalizó los abonos de la entidad que preside Carlos Torres. En total, el comisario transfirió 2,57 millones de euros a otras cuentas de su entramado. Según concluyen los agentes, este fondo no solo canalizó dinero por los trabajos de BBVA sino que también recibió pagos de Iberdrola o de Persán (su encargo propició la apertura de la pieza 25 de la macrocausa).
El análisis bancario ha permitido identificar más de una decena de cuentas vinculadas a Cenyt, aunque también pagos a sociedades del entramado como Nadna o Munno Projects. Se trata de una dinámica que ya empleó el agente encubierto con el dinero de otros encargos, tales como el del Proyecto Wine, desarrollado para Repsol y CaixaBank en plena pugna con Sacyr. Igualmente, desde estos depósitos se efectuaron transferencias como las identificadas con importes de 3.400 euros a su hijo José Manuel Villarejo Gil. No obstante, el comisario también puso a nombre de su mujer, Gemma Alcalá, otras cuentas desde su apertura en2004 hasta el año 2015. Precisamente la Fiscalía Anticorrupción advirtió en el escrito en el que pedía la libertad del policía que se estaba acreditando la implicación de sus familiares más directos en esta supuesta trama de corrupción.
Las firmas de su testaferro
Además del traspaso de fondos entre sus firmas, Villarejo empleó estas ganancias para invertir en empresas de socios. Así, por ejemplo, en 2012 compró participaciones por importe de 250.000 euros en Eurosuisse, sociedad vinculada a Juan Carlos Escribano, a quien los agentes ubican como testaferro del policía. La constitución de la sociedad Premium Salud en Marbella o la compra de la promotora inmobiliaria Riomar Costa por 240.000 euros son otros de los destinos finales de los pagos del BBVA, aunque el informe destaca de entre todos los movimientos la compra de la sociedad Autocobermar. Villarejo libró un cheque de 1 millón de euros y transfirió otros 200.000 euros más por esta sociedad marbellí que gestiona un parking en el corazón de la ciudad malagueña.
Según informó eldiario.es, la explotación de este negocio generó muchos beneficios al comisario pese a que la concesión del mismo fue declarada ilegal por la Audiencia Provincial de Málaga a principios de 2019. Con todo, el análisis de la Policía Judicial acredita también que el comisario dotó fondos con destino a productos de ahorro y también amortizó préstamos bancarios con las ganancias de sus trabajos de espionaje. En suma detallan un total de ocho operaciones (tales como la compra de fincas y garajes en Estepona) por un total de 705.596 euros. Precisamente, fue preguntado este jueves a su salida de la Audiencia Nacional sobre la fortuna amasada por sus trabajos a grandes empresas. El policía respondió con cierta sorna que no tenía patrimonio oculto en el extranjero.
Sin embargo, el magistrado todavía sigue el rastro del dinero ante el temor de que los activos que acumule fuera del país puedan ayudarle a salir del territorio nacional. Por ese motivo dejó su libertad provisional sujeta a unas fuertes medidas cautelares, entre las que se encuentran comparecencias diarias en el juzgado más cercano a su domicilio en Boadilla del Monte. De hecho, los agentes al frente de esta macrocausa cifraron en 20 millones de euros el patrimonio que tendría oculto en algunos países como Panamá o Uruguay. Además, detectaron que puso a nombre de sus hijos o de su socio Rafael Redondo algunas de estas sociedades dedicadas en su mayoría a labores de asesoría y consultoría.
Con todo, la causa en la que se investiga el origen de las contrataciones del BBVA sigue su curso. El magistrado ha citado a declarar para el próximo 11 de marzo a los cuatro últimos mandos policiales imputados por consultar de manera ilegal bases de datos de la Policía Nacional para los trabajos privados del agente encubierto. Además, también tomará declaración a Inés Ochagavia, actual directora de seguridad del banco. La sucesora de Julio Corrochano al frente de este departamento será interrogada después de que así lo solicitara su defensa para esclarecer los supuestos errores que contenía la investigación interna del BBVA (forensic) y que le achacaban la contratación de algunos de los trabajos.
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