Bogotá, 27 jun.- La Cámara y el Senado de Colombia dejaron hoy listo un documento en el que acordaron vetar la reforma a la Justicia, al acoger la solicitud del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, de "hundirla" por razones de "constitucionalidad" y de "inconveniencia" para el Gobierno y el país.
Así quedó establecido en un informe leído por el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, y firmado por parlamentarios de varias colectividades, en el primero de dos días de sesiones extraordinarias del Congreso convocadas el pasado fin de semana por Santos.
En el documento, los parlamentarios expresaron que comparten la posición del Gobierno que ha señalado, entre otras cosas, que si la reforma toma vida, el país caería en un "caos judicial".
Santos ha dicho que si la reforma entra en vigor, unos 1.500 procesos que estudia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra congresistas, exparlamentarios, altos cargos y exfuncionarios, quedarían en el aire.
Coincidieron en que en la conciliación de la reforma, "se favorecería indebidamente a los actuales investigados, algo a todas luces contraproducente".
Los reparos a la iniciativa fueron estudiados por una comisión accidental nombrada por el Congreso y que concluyó que "ante la contundencia de los argumentos de objeción que han sido expuestos por el Gobierno Nacional, que encontramos fundados y razonables", se debe "admitir la objeción de inconveniencia general" y "en consecuencia votar afirmativamente la objeción integral y su consecuente archivo definitivo e inmediato".
Gaviria citó a las plenarias de Cámara y Senado para este jueves en donde finalmente se votará en favor o en contra del proyecto que generó un escándalo mayúsculo en el país.
La víspera, el presidente Santos solicitó a los parlamentarios acudir a las sesiones extraordinarias del Congreso para "hundir" la reforma a la justicia.
Santos ha calificado los cambios de "inaceptables" y devolvió el texto conciliado entre el Senado y la Cámara de Representantes al Congreso.
Ante las escandalosas modificaciones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, presentó su renuncia irrevocable, asumiendo, según él, "el costo político".
El fin de semana pasado, Santos convocó a sesiones extraordinarias para los días 27 y 28 de este mes en el Congreso, a fin de revisar las objeciones del Gobierno a la reforma a la Justicia aprobada el pasado miércoles 20.
La reforma a la Justicia buscaba la descongestión de los despachos y modifica para ello algunas condiciones, pero los apartados en entredicho sustituyeron artículos que eran iguales en ambas cámaras y desmontaron así reglas de control al ejercicio legislativo y judicial establecidas en la Carta Magna de 1991.
Entre los cambios incluidos está que se borraba la pérdida de investidura o "muerte política", el mayor castigo para un congresista.
Igualmente, aumentaba de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes, elevaba de 10 a 20 años el requisito de experiencia para llegar a esos altos tribunales, eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros aspectos.
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