El exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra vuelve a enfrentarse desde este lunes a un nuevo juicio por créditos concedidos por el banco extinto. En este caso, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión por administración desleal al dar luz verde a la concesión de un préstamo de 312 millones al Grupo Soler -del que era dueño el padre del expresidente del Valencia C.F, Juan Soler- para financiar la adquisición de participaciones en la inmobiliaria Metrovacesa.
Se trató de una de las operaciones de mayor tamaño a las que hizo frente la entidad valenciana la cual acabó recibiendo una inyección de dinero público de más de 4.000 millones de euros. Por ese motivo, el Ministerio Público pide sentar en el banquillo a Bautista Soler Crespo; su hija María Victoria Soler Luján; el marido de ésta, Vicente Fons, y el empresario Rafael Ruiz-Jarabo. Para todos ellos pide penas de prisión de cuatro años de cárcel como cooperadores necesarios de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida. Igualmente solicita una indemnización conjunta al FROB de 94 millones de euros.
De acuerdo con el relato de la fiscal Sandra María Fagil -la cual también actúa contra las sociedades implicadas en el caso- las operaciones de financiación para el Grupo Soler se llevaron a cabo "sin un análisis suficiente de su viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados de la entidad" encargados de evaluar el riesgo que conllevan este tipo de operativas. Esta en concreto se desarrolló entre los meses de enero y marzo de 2007 y consistió en el préstamo de 312 millones de euros al Grupo del conocido empresario valenciano para la adquisición de la participación de la CAM en Metrovacesa. Se trató, según la fiscal, de la mayor operación crediticia de Banco de Valencia representando el 24 por ciento de sus recursos propios.
Ausencia de control del banco
Esta inversión contravenía varios de los acuerdos del consejo de administración del banco que limitaba la concentración de riesgos al 15 por ciento, de acuerdo con el escrito que denuncia que ninguno de los movimientos llevados a cabo durante este tiempo -y que incluyeron operaciones de crédito en cascada- fueron aprobados ni por el consejo ni por la comisión ejecutiva de la caja valenciana la cual, además, no contó con la información suficiente y necesaria para poder valorar los riesgos reales de esta operativa.
Sobre Parra, consejero delegado del banco desde julio de 1994 hasta octubre de 2011, la fiscal asegura que fue quien impartió las órdenes directas de que se accediera a dar tal financiación y añade que lo hizo conjuntamente con el también acusado Vicente Pons. Hasta el punto de que las instrucciones fueron ejecutadas con anterioridad a que los detalles y circunstancias de la operación de crédito fueran conocidos por los órganos del banco que tenían que dar el 'plácet' a esta operación.
Además, señala el Ministerio Público que las deficiencias descritas en los procedimientos de documentación fueron advertidas reiteradamente por el Banco de España mediante dos escritos remitidos en 2004 y 2007 referentes a sendas visitas de inspección. Igualmente, ya en 2012, el servicio de inspección del supervisor emitió diversos informes y advertencias sobre la "situación crítica de liquidez" del Banco de Valencia así como sobre la concentración de un elevado riesgo de crédito; motivo por el cual la acusación considera que no se tendría que haber llevado a cabo esta operativa de financiación.
"Injustificado trato de favor"
Por todo ello, el Ministerio Fiscal acusa a Parra de "ocultar información fundamental" a la comisión ejecutiva y comité de riesgos del banco para favorecer los intereses empresariales del Grupo Soler, teniendo en cuenta que estos son los órganos encargados de aprobar estos préstamos cuando superan los cinco millones de euros. "Parra infringió conscientemente los deberes de lealtad y transparencia en relación con la entidad financiera proporcionando un injustificado trato de favor a las sociedades del Grupo Soler", reza el escrito.
Con todo, no es la única causa todavía pendiente relacionada con las actividades de Banco de Valencia. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional que ha instruido todo el procedimiento relativo al banco extinto, Santiago Pedraz, ultima el procesamiento en la pieza principal del expresidente del banco, José Luis Olivas, y otras 13 personas (entre las que se encuentra Domingo Parra) por delito continuado de falsedad contable en los ejercicios de 2009 y 2010. La fiscal Anticorrupción Carmen Laúna, que ya acusó en el juicio por el caso Bankia, expone en su escrito de acusación que, de haberse contabilizado los saneamientos pendientes durante los años investigados, el resultado consolidado en el ejercicio 2011 no sería de 13,4 millones de euros como se hizo constar sino de unas pérdidas ligeramente superiores a los 100 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios