El presidente del Gobierno de España tiene asignado un sueldo anual de 82.978,56 euros. Un somero repaso al espacio de retribuciones de altos cargos del Portal de Transparencia revela que se cuentan por decenas los altos cargos del Gobierno de menor rango y menor responsabilidad que el presidente del Gobierno que perciben salarios sensiblemente mayores, que al menos se sitúan holgadamente por encima de los 100.000 euros anuales. Si el foco se amplía a las empresas públicas la distancia se convierte en sideral. El sueldo anual del presidente del hólding público estatal, SEPI, Vicente Fernández Guerrero, casi triplica el del presidente del Gobierno y algo similar ocurre con los responsables de supervisores, reguladores y organismos autónomos dependientes del Estado.
Un vistazo a lo que ocurre más allá de los Pirineos resulta sonrojante. El salario del presidente del Gobierno de España es de largo el más bajo de los grandes países de la Unión Europea. Según la recopilación realizada por el portal 'tusalario', la canciller alemana Angela Merkel percibe 342.000 euros al año; el presidente francés, Emmanuel Macron, 181.000 euros; la premier del Reino Unido, Theresa May, 168.000 euros; y el presidente de Italia, Sergio Mattarella, cobra cerca de 220.000 euros. Hasta el presidente de Portugal, Antonio Costa, ha elevado su retribución y ya está cerca de los 100.000 euros. Incluso el griego Alexis Tsipras, con 82.405 euros, cobra más o menos lo mismo que Sánchez.
La contenida retribución asignada al presidente del Gobierno de España condiciona las percepciones de todos los altos cargos del Gobierno: el cargo de vicepresidente cuenta con una retribución anual de 78.000 euros; los ministros -algunos de los cuales gestionan presupuestos que superan con holgura los de muchas empresas del Ibex- apenas superan los 73.000 millones; y los directores generales ni siquiera llegan a 60.000 euros. Es cierto que se trata de retribuciones que perciben casi 'limpias' por la posibilidad de acceder a gastos de representación e incluso a bolsas de productividad de sus respectivos departamentos, pero también que, como se puso de manifiesto en la mesa de debate sobre el futuro de los altos cargos organizada por Fedeca -la organización representativa de los cuerpos de élite de la Administración- "que sus retribuciones no están equilibradas con las responsabilidades que ostentan".
"El tema de las retribuciones de los altos cargos del Gobierno en España es demencial", señala el alto funcionario y responsable de Programas del PP, Mario Garcés. "No se entiende que un ministro que gestiona presupuestos de decenas de miles de millones de euros gane 70.000 euros y luego un presidente de una empresa pública cobre 180.000 euros. No hay equilibrio alguno entre las responsabilidades y las retribuciones".
Hablamos de un asunto casi tabú en España, que vivió su capítulo más recordado el famoso 12 de mayo de 2010 cuando después de una negociación interminable en Bruselas, Zapatero aterrizó en el Congreso con un rosario de recortes de todo tipo en el que se incluía un recorte del 15% del sueldo de los altos cargos del Gobierno. En 2008 el presidente del Gobierno cobró 91.982 euros; en 2018, Mariano Rajoy tenía asignado un sueldo anual de 80.953 euros, 11.000 euros menos al año.
La crisis y el auge del populismo han convertido el asunto de la retribución de los miembros del Gobierno en un tema intocable. En 2015, al candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, se le ocurrió plantear una especie de tabla salarial nacional para dignificar con un cierto criterio los sueldos de los altos cargos de la Administración, de modo que la retribución del presidente del Gobierno pasara a una horquilla de entre 250.000 y 300.000 euros. La contestación social y política, singularmente desde Podemos -que planteó un nuevo recorte al sueldo de los altos cargos-, a la medida fue de tal calibre que la formación naranja decidió desde entonces meter la propuesta en un cajón.
Un pacto entre partidos para aparcar la demagogia
Cuatro años después la posición de Ciudadanos al respecto es mucho más moderada. El inspector de Hacienda y candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre, respalda que es necesario abordar un debate nacional sobre los sueldos que perciben los altos cargos de la Administración -incluidos los miembros del Gobierno- pero en el marco de un gran pacto entre partidos que deje a un lado la demagogia y el partidismo, y trate de avanzar en la configuración de un sistema más equilibrado y también más atractivo para que el sueldo no sea un factor disuasorio para el ejercicio de responsabilidades políticas.
La hipersensibilidad respecto a este asunto inhibe cualquier pronunciamiento claro -al estilo del formulado por Mario Garcés, hasta hace apenas unos meses secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad- a favor de una subida de los sueldos de los altos cargos de la Administración y por consiguiente de los miembros del Gobierno. María Jesús Serrano, candidata del PSOE al Senado, entiende, por su parte, que sería bueno abrir ese debate pero siempre en el marco de un replanteamiento general de la figura del directivo público y sobre la base del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2006 por Jordi Sevilla y que una década después sigue pendiente de desarrollo. "Nosotros estamos a favor de una reforma integral de la política de Recursos Humanos de las Administraciones Públicas para garantizar un servicio público de calidad y mejorar la eficacia y la eficiencia".
"En cualquier caso", matiza Serrano, "esto requeriría abandonar la demagogia partidista que siempre rodea este asunto y eso solo será posible si existe un pacto entre los partidos políticos".
En una cosa sí coinciden los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos -no así Podemos- y es que con los actuales niveles retributivos y las restricciones existentes para buscar una salida laboral cuando un alto cargo finaliza su servicio a la Administración Pública -las famosos incompatibilidades- las opciones de que haya personalidades destacadas de la sociedad civil o del mundo de la empresa que se sientan atraídas por el ejercicio de responsabilidades públicas se minimizan.
De fondo, también, la reivindicación de los funcionarios de elite de la Administración que exigen un marco retributivo más flexible, que impida la distorsión denunciada en su día por Jordi Sevilla según la cual dos funcionarios con el mismo puesto y el mismo nivel profesional que, sin embargo, tienen desempeños muy diferentes, acaben cobrando lo mismo.
Desde Fedeca siempre se ha señalado esa distorsión como una de las causas más relevantes de la fuga de talento hacia el sector privado y como uno de los grandes asuntos pendientes de la Administración.
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