Pastor dice que la reforma del alquiler favorecerán a los más desfavorecidos

Madrid, 22 may.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado hoy que el anteproyecto de ley para la reforma del mercado del alquiler preservará la libertad de las partes, mejorará la posición del inquilino y favorecerá a los colectivos más desfavorecidos, como aquellos que están en paro, tienen rentas bajas o no pueden pagar una hipoteca.

Pastor ha subrayado que la modificación del mercado del alquiler se hace fundamentalmente para preservar la libertad que tienen que tener tanto arrendatario como arrendadores, sobre todo porque mejora la posición del inquilino ya que puede finalizar en cualquier momento su contrato siempre que lo comunique con un mes de antelación.

En respuesta a una pregunta del senador de la Entesa Carlos Martí, la responsable de Fomento ha indicado además que esta medida servirá, por tanto, para dar derechos al inquilino.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno popular se ha encontrado con un censo de más de 3 millones de viviendas vacías, un "stock" de vivienda nueva sin vender de 680.000 viviendas y un porcentaje de población que habita en régimen de alquiler de tan sólo el 17 %, frente al 33 % de media en Europa.

"Es necesario modificar el actual marco regulatorio dada la incapacidad del mercado para absorber este importante volumen y para aumentar el porcentaje de vivienda en alquiler", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que estas medidas potencian además la libertad de quienes intervienen en el alquiler, refuerzan la seguridad jurídica logrando un procedimiento "mucho más justo" y favorecen a aquellas personas que lo están pasando peor.

Por otro lado, y con respecto a la duración de contratos, Pastor ha resaltado que se reduzca a la mitad -de ocho a cuatro años- el total del periodo de los contratos de alquiler, tres de prórroga forzosa (desde los cinco actuales) y uno de prórroga tácita (frente a los tres de ahora).

Por su parte, Martí ha pedido a Pastor que rectifique y que no siga adelante con unas medidas con las que el Gobierno busca fomentar indirectamente la compra de viviendas "condenando injustamente a los ciudadanos" y reduciendo las posibilidades de los inquilinos en su apuesta por el alquiler.

Asimismo, ha reclamado un incremento del parque disponible para el alquiler a fin de facilitar el acceso a la vivienda y la movilidad de los españoles, al tiempo que ha solicitado que se ponga fin a la precariedad residencial.