Pastrana presenta un escrito para no declarar como imputado por enfermedad

Sevilla, 31 oct EFE).- El ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana ha presentado un escrito al juzgado de Instrucción 9 de Sevilla en el que afirma que no puede desplazarse hasta la sede judicial para declarar como imputado el próximo lunes 3 de noviembre debido a la enfermedad degenerativa que padece.

Fuentes del caso han explicado a Efe que el juzgado aún no ha resuelto la petición de Pastrana, que está citado el mismo día que su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Sevilla.

Ambos están acusados por el juez de los presuntos delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre 2009 y 2013.

En la citación judicial, el juez destaca que el vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, fue "contundente" cuando ratificó la implicación de Pastrana y Fernández Sevilla en la creación de la central de compras, que considera el "mecanismo esencial" en el fraude que investiga.

El juez explica que la central de compras se concretaba en la técnica de rápel, que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las facturas y que no se declaraban a la Administración que les concedía la subvención.

La central de compras también se nutría con el denominado "bote", informatizado y controlado a través del programa informático Sypro, a través del cual el sindicato se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno pero que se imputaban a programas subvencionados, señala el juez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Pastrana y Fernández Sevilla son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Pastrana, secretario general de 1998 a 2013, y su sucesor, que en ese periodo era secretario de organización, participaron en la denominada "central de compras" del sindicato, según la Fiscalía.

La actividad ordinaria de UGT-A se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a formación, asegura Anticorrupción.

Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones de Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el rápel, compañías con las que mantenían una "intensa relación".

Además, cuando desde el departamento de compras se querían incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.