Eliminar los peajes de las autopistas quebradas costará 450 millones al año

  • El Gobierno socialista ya ha manifestado que mantendrá las autopistas en el Estado y sin peaje después de que venza la concesión
Imagen de archivo del peaje de la AP-7 enTarragona. (Jaume Sellart/ EFE)
Imagen de archivo del peaje de la AP-7 enTarragona. (Jaume Sellart/ EFE)

La supresión del peaje de las autopistas tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales para las 'arcas públicas' sólo en el caso de la media docena de vías que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, importe que se eleva hasta los 1.000 millones si se contempla toda la red de pago de 2.550 kilómetros del país, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.

Así lo detalló el presidente de Seopan, Julián Núñez, en su rueda de prensa anual este pasado mes de abril, justo cuando el anterior Ejecutivo había abierto un debate con las principales formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas una vez que venza el plazo de concesión de su explotación de cincuenta años con que contaron las empresas que las construyeron y las infraestructuras reviertan al Estado.

Fin de los peajes

El anterior Gobierno decidió no prorrogar los plazos de concesión y que las vías revertieran al Estado. No obstante, emplazó a un debate entre los principales partidos para determinar si las vías volvían a sacarse a concurso para que de nuevo fueran explotadas por empresas privadas o bien pasaban a formar parte de la red de carreteras del Estado.

No obstante, el actual Gobierno socialista ya ha manifestado que mantendrá las autopistas en el Estado y sin peaje, según ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista con 'El País'.

La decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez afecta por el momento a tres vías, las que vencen este año y el que viene, la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

No obstante, puede sentar un precedente para las tres que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Además, según la patronal de concesionarias, en el caso de la AP-1 se da la circunstancia de que presenta un "elevado tránsito de vehículos extranjeros", que supone hasta el 50% del total en los meses de verano. "No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, el coste de mantenimiento de las vías para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó el presidente de Seopan en dicha comparecencia pública.

Además, la asociación calcula que esta autopista de 84,3 kilómetros de longitud entre Burgos y Armiñón necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora.

Para Seopan, el peaje constituye además un "instrumento" para reequilibrar el tráfico entre las distintas vías. En el caso de la AP-1, estima que levantar la barrera podría elevar hasta en un 36,1% sus usuarios, lo que, "dada su capacidad actual, podría generar un caos", alertó.

Mostrar comentarios