La investigación que inició la Audiencia Nacional hace ahora seis años por presunta falsedad contable en el Banco de Valencia toca a su fin. El magistrado Santiago Pedraz ha zanjado el procedimiento y ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 14 personas, entre las que se encuentra el que fuera presidente del banco extinto José Luis Olivas; su exconsejero delegado Domingo Parra, además de los entonces miembros del Consejo de Administración.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ya ha dictado auto de incoacción de procedimiento abreviado contra todos ellos por delito de falsedad contable, tal y como lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción en un escrito fechado el pasado 15 de octubre y al que tuvo acceso La Información. En el mismo, los fiscales al frente de la causa solicitaron al instructor procesar a 13 exdirectivos del banco además del socio auditor de Deloitte, Miguel Monferrer, por presunto maquillaje de los estados contables relativos a los ejercicios de 2009 y 2010.
"Los reales malos resultados del ejercicio 2009 suponían ofrecer una imagen al mercado que podría dañar los planes del Consejo de Administración, al tiempo que suponer una pérdida de recursos propios de la entidad, de forma que para que ello no sucediese, y pese a ser conocedores de los datos reales de morosidad, se decidió por la Comisión Ejecutiva primero, y por el propio Consejo de Administración después, el efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia que no se correspondía con la realidad del estado de la misma", reza el escrito del Ministerio Fiscal.
El magistrado instructor recoge las tesis del Ministerio Fiscal en su auto de 44 páginas en el que dirige las actuaciones, además, contra una serie de empresas entre las que destacan Bancaja, Bancaja Hábitat, Bankia, BFA, Fundación Bancaja y Deloitte en calidad todas ellas de responsables civiles. "Tiene razón el Ministerio Fiscal cuando dice que si el Banco de Valencia no puede ser considerado responsable civil subsidiario, ni el FROB que lo gestionó después, ni Caixabank que lo adquirió pueden serlo, pues existiría una clara ruptura del nexo causal", explica el magistrado en su escrito.
Requerimiento a la CNMV
El magistrado Pedraz zanja las pesquisas tras incorporar al procedimiento sendos documentos clave que requirió hace apenas unas semanas a la CNMV y al Banco de España. El magistrado solicitó el regulador copias de los informes de gobierno corporativo de Banco de Valencia entre los ejercicios de 2003 y 2010 mientras que al supervisor le reclamó el informe sobre la crisis financiera y los autores del mismo. Se trata de una de las últimas diligencias acordadas desde el juzgado en un procedimiento en el que hasta hace apenas unos meses se seguía tomando declaración a testigos de la caída del banco.
De hecho, una de las últimas personas en desfilar por la Audiencia Nacional fue el auditor externo de Deloitte Francisco Celma, el cual expuso en calidad de testigo que respaldó a Monferrer por su trabajo con las cuentas de la entidad. Tal y como pudo saber este diario, Celma, que compareció en calidad de coordinador de las auditorías de la firma, dijo ante el instructor que Monferrer dio el visto bueno a los estados financieros de los ejercicios investigados después de que Banco de España autorizara la emisión del informe sin salvedades. Además Celma, que ha sido juzgado recientemente en el marco del caso Bankia, defendió también la decisión de Monferrer de respaldar el reparto de dividendos de los entonces miembros del Consejo de Administración.
Sin embargo, la fiscal Anticorrupción Carmen Launa (que también actuó como representante del Ministerio Público en el juicio de Bankia) considera que Monferrer actuó "sin respetar las normas propias de auditoría" omitiendo los malos datos encontrados bajo un "supuesto acuerdo" entre la entidad que presidía Olivas y el Banco de España. EL magistrado reproduce la tesis de Launa acerca de que en septiembre de 2010 el auditor detectó, entre los acreditados seleccionados, la necesidad de llevar a cabo reclasificaciones a dudosos por importe de 912 millones de euros así como de realizar dotaciones adicionales a las ya efectuadas en 107 millones de euros si bien, amparándose en supuestas conversaciones con el supervisor, no se efectuó salvedad alguna en el informe auditoría.
De beneficios a pérdidas de 100 millones
Además, determina Launa que Banco de Valencia trasladó al mercado que el resultado neto consolidado había alcanzado en 2011 un total de 13,4 millones de euros. Sin embargo, no son datos a su juicio que correspondieran con la realidad puesto que, de haberse tenido en cuenta los saneamientos pendientes brutos por importe 215 millones de euros, la cifra real hubiera sido de unas pérdidas de 100,74 millones de euros. Igualmente, la tasa de mora hubiera sido del 10,67% y la cobertura con fondos de insolvencia del 28 por ciento, siempre según la fiscal Launa la cual asegura que tanto Olivas como Parra fueron conocedores de los resultados verificados por el supervisor.
"Ha de tenerse en cuenta que el propio Consejo de Administración era consciente de las prácticas llevadas a cabo, pues las operaciones con todas estas sociedades eran tratadas y aprobadas directamente en los diferentes Consejos de Administración, explica Anticorrupción en su escrito, el cual añade que, con motivo de la sustitución de la entonces cúpula por los administradores designados por el FROB, el banco presentó el 30 de septiembre de 2012 unos estados financieros intermedios que recogieron un resultado negativo del año anterior de 901,17 millones de euros.
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