El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el presunto maquillaje de los estados contables de Banco de Valencia, Santiago Pedraz, está a punto de culminar la causa que dirige contra su expresidente José Luis Olivas y otras 13 personas. No obstante, antes de terminar la instrucción que arrancó hace ahora seis años, ha requerido a la CNMV y al Banco de España información clave de la entidad valenciana, de acuerdo con una providencia del instructor recogida por La Información.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha solicitado al regulador copias de los informes de gobierno corporativo del banco extinto entre los años 2003 y 2010 mientras que al supervisor le reclama el informe sobre la crisis financiera y los autores del mismo. Se trata de las últimas diligencias que acuerda el magistrado antes de culminar la causa que arrancó en el año 2013 y lo hace a petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción, la cual ya ha remitido al juzgado un escrito en el que pide que se continúen los trámites por la vía de procedimiento abreviado contra un total de 14 personas.
Así lo expone en un denso escrito adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso este diario en el cual la fiscal al frente del caso, Carmen Launa, indica que se debe procesar al expresidente Olivas, al exconsejero delegado Domingo Parra y al resto de miembros del Consejo de Administración por ocultar la verdadera situación de una entidad que acabó siendo intervenida por el Banco de España. Igualmente dirige sus actuaciones contra el socio de Deloitte Miguel Monferrer por auditar las cuentas del ejercicio de 2010 omitiendo "conscientemente" los trabajos de auditoría necesarios para poner de manifiesto los deterioros reales de las cuentas.
Pérdidas de 100 millones
La fiscal Launa, que también ha estado al frente del caso Bankia, imputa a los 14 acusados un delito continuado de falsedad contable en los ejercicios de 2009 y 2010. Según expone en su escrito de 39 páginas, de haberse contabilizado los saneamientos pendientes durante los años investigados, el resultado consolidado en el ejercicio 2011 no sería de 13,4 millones de euros como se hizo constar en abril de ese año sino de unas pérdidas ligeramente superiores a los 100 millones de euros. No obstante, para llegar a ese extremo la representante del Ministerio Público se remonta al periodo 2000-2007. Según detalla, durante esos años se autorizó por unanimidad desde el Consejo de Administración una política crediticia muy expansiva y marcadamente centrada en el mercado inmobiliario.
Con la llegada de la crisis y pese a las advertencias del supervisor, el banco más antiguo de la Comunidad Valenciana siguió aplicando políticas de crédito basadas en una "escasa prudencia y elevado riesgo"hasta llegar a 2009, año en que se produjeron los primeros resultados malos. Pese a ser conscientes de la verdadera morosidad a la que tenían que hacer frente, los acusados no cambiaron el rumbo sino que siguieron presentando una imagen de solvencia que acabó por darle la puntilla a la entidad. De hecho, siempre según el relato de la Fiscalía, autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios, asumieron el riesgo de las participadas y no realizaron las provisiones que indicaba la Circular 4/2004 del Banco de España.
Pérdidas de 4.800 millones en dividendos
De hecho, explica que el supervisor inició a partir de enero de 2009 un proceso de seguimiento continuado sobre el banco valenciano y que comunicaron los resultados en todo momento a los responsables de la entidad a todos los niveles. La inspección del Banco de España fue determinante en tanto sentenció que se debían haber practicado dotaciones adicionales por valor de 112 millones de euros. Y no solo eso sino que, pese a encontrarse ya en una situación cercana a la asfixia, Banco de Valencia siguió repartiendo dividendos que según la Fiscalía Anticorrupción provocaron un 'roto' de 4.839 millones de euros. Como consecuencia de todo ello se produjo la intervención del FROB el cual concluyó que el banco tenía unas pérdidas reales de 922 millones de euros.
Las conclusiones de Anticorrupción tras más de seis años de instrucción chocan con las expuestas por los principales acusados en el procedimiento los cuáles descartan todos estos extremos. Olivas, por su parte, negó operaciones irregulares en Banco de Valencia e incluso aportó a la causa documentos relativos a la compra de acciones de Bankia como muestra de su "pleno convencimiento" de la solidez del proyecto (teniendo en cuenta que participaba en el mismo Bancaja, entidad que presidió). Pero no solo los acusados mantuvieron esta línea. El auditor Francisco Celma expuso en su declaración como testigo en la causa hace apenas unas semanas que Deloitte emitió un informe favorable a los estados financieros del banco tras obtener el visto bueno del Banco de España, que autorizó la emisión del informe sin salvedades.
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