Ángel María Villar volverá a la Audiencia Nacional el próximo 28 de febrero para rendir cuentas por su implicación en la trama de corrupción dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mientras fue presidente de la misma. Su declaración forma parte de una batería de citaciones de imputados y testigos que acaba de acordar el magistrado al frente del caso Soule, Santiago Pedraz, ante los últimos avances en el procedimiento.
El instructor da impulso de esta forma a la investigación por la presunta “red de clientelismo y soborno” que se tejió en el seno de la Federación bajo la presidencia de Villar y acuerda un total de once citaciones que arrancan el 26 de febrero con el interrogatorio al exvicepresidente y tesorero de la Federación Adolfo Gil de la Serna, el exasesor Julio Pérez Tomé y la que fuera secretaría de Ángel María Villar, Dora de Pedro Muñoz, ante la sospecha por parte de los investigadores de que cobraron de la Federación sin prestar un servicio real a la misma.
El 28 de febrero, el juez interrogará al principal acusado de la trama al que le imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. La primera vez que declaró ante el instructor fue tras su detención el 18 de julio de 2017. Dos días después, éste acordó su ingreso en prisión sin fianza junto con los principales acusados en el procedimiento (esto es, su hijo Gorka y el exvicepresidente económico Juan Padrón) por crear presuntamente un entramado que permitió el desvío de fondos desde la RFEF y otros organismos vinculados a la Federación como la Mutualidad de Futbolistas (MUPRESFE).
Para ese mismo día también está llamado a declarar Diego Martínez Peinado, hijo del presidente de la federación melillense Diego Martínez Gómez. El sexto y último imputado en declarar es José María Castillón, exadministrador de al RFEF. Además de esta ronda, el juez tomará declaración en calidad de testigos a un total de cinco personas, entre las que se encuentra el exsecretario de Estado para el Deporte y expresidente del CSD, Miguel Cardenal, citado para el próximo 2 de abril.
El máximo responsable de la federación cántabra, José Ángel Pelaéz, solicitó esta testifical, tal y como adelantó este medio en noviembre, de cara a que esclareciera las circunstancias en que se concedió una subvención de 210.00 euros que recibió del CSD para el desarrollo de dos campos de fútbol en Tanos (Torrelavega). El juez indaga el motivo por el cual el Ayuntamiento tardó tantos años en recibir los fondos públicos que fueron destinados a la remodelación de este terreno de juego. Al respecto, Peláez, que está investigado en el macroprocedimiento, expuso en un escrito remitido la juez que la federación que él preside no tiene "competencia alguna" en la gestión de dicha subvención.
Con todo, no es la única testifical acordada por Pedraz. Además de Cardenal, el juez tomará declaración entre los días 2 y 9 de abril a cuatro personas relacionadas igualmente con el Consejo Superior de Deportes. Se trata de Raúl Ureña, del servicio de inspecciones del Consejo Superior de Deportes (CSD); Lucía Muñoz (actual subdirectora de control financiero del ente); Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre (subdirector general del Deporte Profesional) y el abogado cántabro Fernando Corral Collantes, del Tribunal Administrativo del Deporte.
Pedraz investiga los tentáculos de esta presunta red de desvío de fondos de la Federación mediante la adjudicación de contratos a empresas cercanas a los principales investigados. También acusa directamente a Villar de desviar partidas internas del organismo a determinados presidentes regionales para garantizarse su apoyo en las reelecciones como presidente del ente, al frente del cual estuvo entre los años 1988 y 2017. El avance de las pesquisas llevó al instructor a abrir una pieza separada en el marco de la cual se produjo la detención del vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Andreu Subies.
El juez indaga en esta parte de la causa el presunto desvío de fondos de la Federación Catalana para realizar obras ajenas a la asociación y para las que se habrían contratado a sociedades del también imputado Josep Contreras, exdirectivo de la FCF, y el cual a su vez las habría subcontratado a otra empresa para el cometido, cobrando por ello mucho menos dinero del presupuestado.
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