El magistrado Santiago Pedraz ha retomado la instrucción del caso Soule, en el que se investiga el presunto desvío de fondos desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha vuelto a requerir a la nueva directiva una batería de documentación de cara a esclarecer si durante la etapa de Ángel María Villar se amañaron los partidos amistosos de la selección española de fútbol.
Según informan a La Información fuentes cercanas al caso, el juez de la Audiencia Nacional ha solicitado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, recibos y contratos de operaciones vinculadas con proveedores y con socios de la federación a los que se les encargó la organización de los encuentros deportivos con otras selecciones.
El estallido de la operación en julio del año pasado provocó la detención del entonces presidente de la RFEF, Ángel María Villar, su hijo Gorka, el exvicepresidente económico Juan Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, por integrar presuntamente un entramado, al menos desde 2009, con el que desviaron fondos desde la federación y organismos vinculados a ellos, como la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Mupresfe.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 advirtió entonces que se había creado una "red de clientelismo" dentro de la federación en relación con la contratación de personal y el suministro de materiales, que recayó en sociedades de acusados y familiares. Ya en los autos por los que envió a prisión a los cuatro principales investigados apuntó que Ángel María Villar aprovechó los partidos amistosos de la selección con otras como la de Corea del Sur, Chile o Venezuela, para beneficiar a Sports Advisers S.L, la sociedad de su hijo Gorka.
Del sumario de la operación se extrajo que esta dinámica también benefició al entorno de los principales investigados; prueba de ello es que la federación concedió a la empresa Estudio 2000 -vinculada a dos hermanos amigos de Padrón- el suministro de la ropa de árbitros y otros colegiados que luego resultaron ser de una calidad tan mala que ni usaron. Esta adjudicación a dedo entre los años 2009 y 2016, le costó a la RFEF un desembolso 36,5 millones de euros.
Federaciones territoriales
Las mismas fuentes consultadas precisan que el juez también ha requerido abundante material sobre las federaciones territoriales para ahondar en si se produjo o no por parte de Villar tratos de favor, a cambio de garantizarse su reelección al frente del ente. En concreto, el juez puso la lupa en las federaciones cántabra y murciana y apuntó que con esta dinámica consiguió controlar las licencias para los campos de fútbol homologados.
Los 'pinchazos' que la Guardia Civil practicó en los teléfonos de los principales acusados revelaron cómo hasta el exentrenador de la Selección Nacional de Fútbol Javier Clemente advirtió en conversación telefónica con Padrón que se trataba de “apoyos comprados”. “¡Joder Juan!, decir amén por amén por llevarse unos dineros”, dijo entonces.
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