Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno con una hoja de ruta que dejó clara en el debate de la moción de censura: atender las urgencias sociales, pero manteniendo los Presupuestos de 2018 que acordó el PP con el PNV y pensando ya en las cuentas públicas de 2019. Si quiere cumplir ese objetivo, el nuevo 'Montoro socialista' tendrá que elaborar en las próximas semanas su propio sudoku y cuadrar las partidas de ingresos y gastos. No lo van a tener difícil ya que hace tan solo mes y medio Ferraz presentó sus Presupuestos alternativos en los que detallaba cómo serían sus políticas para diferenciarse del entonces gobierno de Rajoy. En resumen, lo que proponía Sánchez era un incremento del gasto de 8.000 millones y el diseño de una nueva arquitectura impositiva para recaudar 6.500 millones adicionales.
Esos Presupuestos alternativos fueron presentados por el propio Sánchez en Ferraz el pasado 11 de abril. El entonces únicamente secretario general del PSOE subió al estrado y, sin corbata, habló de "un nuevo contrato social" basado en tres pilares: "crecimiento, justicia social y sostenibilidad mediambiental". Buceando en esas cuentas públicas planteadas por los socialistas se puede comprobar cómo conseguirían esos 6.500 millones: con una batería de medidas fiscales que no pagarían las clases medias trabajadoras, sino solo los más ricos y las grandes corporaciones.
Elevar Sociedades a las grandes compañías: 4.000 millones
El cuadro fiscal planeado por el PSOE de Sánchez se concretaba en cinco medidas. Por orden de recaudación prevista, el sanchismo proponía introducir novedades en el Impuesto de Sociedades, con una base imponible mínima del 15% del resultado contable (no sobre la base imponible) de los grupos multinacionales. Los socialistas aludían a que estas compañías habían declarado resultados contables de 96.000 millones, "de los cuales, si se descuentan las operaciones exentas por estar sometidas a gravamen en el exterior, quedan 77.000 millones". Sin embargo, añadían, estas corporaciones "ingresan a la Hacienda española tan solo 6.800 millones, el 8,8%" a causa "de todo tipo de ajustes extracontables e incentivos". También planteaban "reconsiderar la exención de plusvalías interiores".
Asimismo, los Presupuestos alternativos de Sánchez proponían dar publicidad a los beneficiarios de incentivos fiscales (a partir de cierto importe) "para explicitar los casos en los que son las mayores empresas las que acaparan los incentivos". Por último, aludía a la creación de "un impuesto sobre beneficios desviados", similar al que existe en Reino Unido y Australia, y otro impuesto sobre anunciantes en Internet, lo que supondría un gravamen indirecto a compañías como Google. En total, los socialistas calculaban una recaudación de 4.000 millones extra con estos nuevos gravámenes.
Subir el IRPF a las rentas más altas: 1.900 millones
Sánchez también tenía en mente incrementar el IRPF para los tramos más altos de la renta y establecer uno al 26,5% a partir de los 150.000 euros. De esta forma, el tipo impositivo incluyendo el tramo autonómico para los declarantes con rentas del trabajo superiores a dichos 150.000 euros se situaría en un máximo del 52% en Cataluña, Andalucía y Asturias que tienen tipos más altos en su cuantía autonómico. La recaudación adicional sería de 400 millones.
Asimismo, el PSOE proponía incrementar el tipo de gravamen del ahorro para los contribuyentes que tengan más de 50.000 euros al año de base del ahorro (y rentas superiores a 150.000 euros). Esta medida, defendían los socialistas en sus Presupuestos, iría acompañada de una "cláusula anti-elusión para evitar la interposición de sociedades" instrumentales o "el uso abusivo del diferimiento" fiscal. En total calculaban ingresar 1.500 millones más que, sumados a los 400 anteriores, ofrecen una cifra total de 1.900 millones.
Lucha contra el fraude: 1.500 millones
El equipo económico de Sánchez fijaba en sus Presupuestos alternativos un potente plan de lucha contra el fraude. Planteaba crear medidas anti-paraísos, como la exclusión de la contratación administrativa y de todo tipo de subvención pública a las empresas que defrauden, revisar la lista de morosos para publicitar los nombres de las personas físicas responsables de entidades que deban al fisco, o que los diputados puedan acceder a las Actas de Conformidad de Hacienda con grandes contribuyentes, entre otras medidas que reportarían ingresos adicionales de 1.500 millones.
Equiparación del diésel y la gasolina y una nueva fiscalidad energética
Sánchez proponía también la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina. Esto supondría una recaudación adicional de 2.140 millones, ya que el impuesto al diésel pasaría de los 30,70 céntimos por litro actuales a los 40,25 céntimos. El PSOE dejaba la puerta abierta a subir este impuesto de forma escalonada.
Una prioridad para el nuevo presidente del Gobierno también era la política mediambiental. Para impulsarla planteaba una nueva fiscalidad en la que se va a incluir la derogación del impuesto al sol y una apuesta por las energías no contaminantes, como avisó en el debate de la moción de censura.
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