Programas informáticos espías

Pegasus, Sitel, Sprinter, Candiru: así funciona el espionaje telefónico del CNI

La ley obliga a solicitar por escrito autorización judicial para intervenir comunicaciones. Se debe identificar a las personas afectadas, detallar el objetivo de dicha medida y explicar qué aconseja su adopción. 

Efe
Pegasus, Sitel, Sprinter, Candiru: así funciona el espionaje telefónico del CNI.
EFE

La existencia de Pegasus se conoce, al menos, desde julio de 2020 cuando se se destapó que los móviles del entonces presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y del exalcalde de Barcelona Ernest Maragall habían sido 'hackeados' un año antes con un programa espía desarrollado por una compañía israelí que solo se facilita a gobiernos o cuerpos y fuerzas de seguridad. Por estos hechos, un juez de Barcelona abrió una investigación para aclarar quién está detrás del 'pinchazo' que permite acceder a los contenidos almacenados y activar la cámara y micrófono del terminal para hacer una vigilancia en directo. Ahora, el asunto ha vuelto a coger actualidad, después de que Citizen Lab revelara que el Gobierno español habría utilizado esta tecnología para espiar a más de 60 líderes independentistas.

Solo hace falta una llamada perdida en WhatsApp para que el teléfono sea infectado. La empresa israelí NSO Group desarrolló el 'spyware' más sofisticado del mundo, que ha sido vendido a más de 40 países del mundo para combatir la lucha contra el terrorismo o la criminalidad. En España, el uso de este programa malicioso, y otro denominado Candiru -desarrollado por la empresa Saito Tech, que comparte inversores y directivos con el creador de Pegasus- han sacudido fuertemente el escenario político al revelarse que políticos y militantes independentistas, y algunos de sus abogados, fueron objeto del ciberataque entre 2017 -punto culmen del 'procés' en Cataluña- y 2020, cuando ya estaba en el Gobierno Pedro Sánchez, que consiguió la investidura gracias a los votos de los partidos nacionalistas. 

Todo ello ha acelerado la puesta en marcha de la comisión de secretos oficiales del Congreso para aclarar la polémica, que ha también ha tenido alcance a nivel internacional, puesto que el Parlamento Europeo va dedicar parte de su debate a Pegasus. A todo ello se sumará la derivada judicial que adquiera, debido a las acciones legales que puedan emprender los afectados del conocido como 'Catalangate' contra el Estado español y contra NSO, la empresa propietaria del 'software' Pegasus, tal y como ya han anunciado.

Aunque aún no está del todo claro, detrás de todo ello podría estar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como ya se sospechó en el caso de Torrent y Maragall. En caso de que sea así, el servicio de inteligencia necesita la autorización de un juez, como cualquier cuerpo policial que pretende interceptar conversaciones telefónicas o realizar vigilancias exhaustivas para un investigado o para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. De este modo, el control de las actuaciones del CNI corresponde al magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, quien ya fue designado para estas funciones en 2009 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que le renovó en 2014 y 2019 por el periodo de cinco años que marca la ley.

El órgano de gobierno de los jueces también designó a un segundo juez para esta labor -para los casos de sustitución-, que recayó en el magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal Andrés Martínez Arrieta, nombrado para esta tarea en diciembre de 2017 cuando cesó su compañero Julián Sánchez Melgar al ser nombrado fiscal general del Estado. La función de estos magistrados como supervisores de los servicios de inteligencia están regulados por el único artículo de la Ley Orgánica del control judicial previo del CNI, de 6 de mayo de 2002. En esta norma se establece que el director del CNI deberá solicitar al magistrado del Supremo la "autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro".

Tres meses prorrogables

La petición deberá realizarse por escrito y se tendrá que especificar los "hechos en que se apoya la solicitud, fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas", así como la "identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, si fueren conocidas, y designación del lugar donde hayan de practicarse". La ley también indica que el magistrado del Tribunal Supremo deberá acordar o rechazar la autorización de las medidas en 72 horas, o en 24 horas si se alegan motivos de urgencia justificados. En cuanto a la duración de las intervenciones, la ley marca que "no podrán exceder de 24 horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y tres meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad".

Desde el Ministerio de Defensa se ha precisado que el CNI no es el único cuerpo policial que utiliza Pegasus, aunque no ha concretado cuáles. En cualquier caso, la autorización de un juez instructor competente es siempre obligatoria para poder intervenir una comunicación, independientemente del órgano y programa utilizado. Así ocurre por ejemplo con Sitel, un sistema de escuchas telefónicas del Ministerio de Interior, que es utilizado por la Policía Nacional y Guardia Civil, que también se encuentra regulado por ley. El director general de la Policía Nacional, Fernando Pardo, defendió el pasado martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que su cuerpo respeta "rigurosamente" la legalidad vigente con respecto al uso del mencionado programa. Asimismo, eludió responder y hacer valoraciones sobre si la Policía obtuvo el programa israelí Pegasus durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Por algo similar fueron preguntados el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) -la unidad de vigilancias de la Policía Nacional- Enrique García Castaño durante sus comparecencias en la comisión de investigación que realizó la Cámara Baja sobre la 'operación Kitchen', el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Con varios meses de diferencia, el diputado de JxCAT Josep Pagès i Massó les hizo la misma pregunta: "¿Conoce si el Ministerio del Interior  dispone de un sistema de espionaje, un software de seguimiento, según la jerga policial, supuestamente de origen israelí que habrían comprado los señores Eugenio Pino (exnúmero dos de la Policía) y José Ángel Fuentes Gago (inspector jefe), pagados con fondos reservados y opacos, que contiene varios sistemas: Pegasus, Sprinter?".

Otros 'Pegasus'

Villarejo se limitó a decir que sabía "que esos programas están en el mercado" y desvió la respuesta hacia los Mossos d'Esquadra, al asegurar que comprobó que el cuerpo policial autonómico "tenían un sistema de escuchas, que se llamaba 'los pitufos' (…), y que en alguna ocasión aparecieron en el domicilio del ministro del Interior y, cuando fueron intervenidos, salieron por piernas". Por su parte, García Castaño aseguró que en su época, la Policía no contaba con Pegasus, aunque "lo intenté comprar" y no fue posible por falta de "fondos económicos". "Aparte, no nos lo querían vender", agregó. El exjefe de la UCAO también apuntó hacia la policía catalana al indicar que ellos intentaron comprar el sistema Galileo, otro programa informático de la empresa italiana Hacking Team, que "es lo mismo".

Lo cierto es que los distintos programas de ciberespionaje, todos ellos muy similares, no suelen estar exentos de polémicas. El nombre de Sprinter ya salió a la luz en octubre de 2017 a raíz de una denuncia que presentó el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, en el marco de la investigación por la grabación y difusión de un encuentro entre agentes del CNI y de la mencionada unidad por la operación contra el 'pequeño Nicolás'. La defensa de este comisario aportó entonces documentación, que ha podido ser consultada por La Información, que apuntaría a que el entonces director adjunto Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, habrían tenido contactos con Matan Caspi, dueño de Rayzone Group, creador de Sprinter, para su adquisición. Un hecho que no se ha acreditado por la vía judicial. Este empresario es un personaje 'clave', ya que, según la prensa de Israel, habría colaborado con los desarrolladores de Pegasus para su venta a gobiernos extranjeros.

Mostrar comentarios