La reforma de las pensiones está provocando un intenso debate en el seno del Gobierno. Descartada, con el visto bueno de Bruselas, la medida de elevar a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, el debate se está centrando ahora en torno al llamado "factor intergeneracional" que ha introducido el ministro José Luis Escrivá en los planteamientos iniciales del Plan de Reformas para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad del sistema. Esta nueva figura, que haría las veces de un ampliado factor de sostenibilidad aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013, genera dudas en el área socialista, en Unidas Podemos y entre los agentes sociales. Todos ellos quieren evitar que se produzca un recorte en las prestaciones.
La ficha 30 del Plan de Inversiones y Reformas que el Gobierno está negociando con Bruselas se ha convertido en el punto de conflicto más importante para el Gobierno. En la documentación inicial enviada a la Comisión Europea se incluye una referencia a introducir "un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema [de pensiones] serán objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista". Escrivá concreta algo más en sus planes: "Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas". La generación del 'baby boom', por ejemplo.
Este instrumento de 'solidaridad' entre generaciones sustituiría, según las explicaciones del ministerio, al citado "factor de sostenibilidad" que aprobó el entonces Ministerio de Empleo en la reforma de las pensiones de 2013 para que entrara en vigor en 2019 y que el mismo Ejecutivo del PP dejó en suspenso hasta 2023 por exigencia del PNV en el acuerdo de Presupuestos. Escrivá, por tanto, plantea ahora este nuevo mecanismo para que no se cargue exclusivamente sobre nuevos pensionistas el coste de una mayor expectativa de vida.
Las intenciones de Escrivá están redactadas de una forma tan genérica que han provocado el rechazo inicial de varios actores implicados en las reformas
La 'reforma Escrivá', sin embargo, se está topando con la oposición interna del Gobierno y la externa. Las intenciones del ministro con este "factor de sostenibilidad intergeneracional" están redactadas de una forma tan genérica y ambigua que han provocado el rechazo inicial de varios actores implicados en los cambios que se están ya debatiendo en varias mesas de negociación. En primer lugar, en Moncloa y en algunos ministerio del PSOE, donde no ven claro un mecanismo de este tipo, que podría llevar aparejado algún recorte -denuncian-, en un momento de gran tensión política y económica como el actual. Ya son varios los 'roces' con Escrivá desde el principal centro de poder del Gobierno.
En Unidas Podemos ocurre algo similar: ya se plantaron ante el intento de Escrivá de elevar el periodo de cálculo de las pensiones a 35 años y con este mecanismo ya han avisado que no van a colaborar en aprobar medidas que no se incluyan dentro del pacto de coalición o, incluso, puedan ir en contra de él. "Pacta sunt servanda", repiten semana tras semana. La reforma de las pensiones se configura, en definitiva, para la formación morada como una línea roja que no van a traspasar.
Y, por último, entre los sindicatos ya empiezan a surgir voces que defienden que el factor intergeneracional no se encuentra entre las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, no van a negociar con el Gobierno una medida como la que pone sobre la mesa el ministro de Seguridad Social. Una fuente implicada en el Plan de Reformas habla del mecanismo como "un sucedáneo del factor de sostenibilidad de Fátima Báñez".
En la cúpula del área económica del Gobierno, con Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos, que es la que está negociando con Bruselas el Plan de Inversiones y Reformas que dará acceso a los 140.000 millones de las ayudas europeas, no han todavía concretado si en la reforma de las pensiones se incluirá el citado "factor intergeneracional". Un detalle importante sobre este punto: la Comisión Europea no exige a España medidas concretas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. No se habla en las negociaciones de pormenores o de detalles en particular, sino del plan de reformas completo y global. Así lo explican fuentes implicadas en las conversaciones: lo que quiere conocer la Comisión, "con todo lujo de detalles", son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan. Es decir, si el nuevo modelo de Formación Profesional que se está preparando ayudará a reducir el paro juvenil, por ejemplo. La UE, en definitiva, busca un plan "coordinado", en el que los treinta componente tengan una conexión directa. Todo, añaden, apoyado en "números" y en prolijas "aclaraciones" que se están dando.
La batalla que se está librando dentro y fuera del Gobierno ya ha provocado que la medida planteada inicialmente por Seguridad Social para elevar el cómputo de las pensiones a 35 años haya quedado fuera de la negociación con la Comisión. Bruselas lo ha aceptado. La duda que surge ahora es saber si la 'reforma Escrivá' quedará descafeinada en relación a los planteamientos iniciales que tenía el ministro. La negociación está abierta pero la orden que han dado Sánchez en el Ejecutivo es que todas las reformas se hagan con acuerdo en el diálogo social, lo que avanza que la parte crítica del Gobierno ganará el pulso. La Comisión Europea, por su parte, también valora esta actitud que implicaría aprobar reformas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno.
Plan de Reformas lista para el 31 de marzo
El Gobierno quiere tener el Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones parlamentarias. Este proyecto es el eje transformador de la sociedad española para los próximos años, de ahí que Moncloa quiera aplicar transparencia a el proceso. De hecho, la vicepresidenta Nadia Calviño compareció el pasado jueves ante la Comisión mixta de la UE y está pendiente que Sánchez haga lo propio en un pleno de la Cámara Baja.
La negociación del Plan está siendo una labor coordinada en la que Economía, Moncloa y Hacienda llevan el peso. Calviño estuvo el pasado 28 de enero, antes de la campaña de las catalanas, en Bruselas reunida con varios comisarios europeos. En Hacienda ha recaído, por su parte, el peso del área técnica, con Mercedes Caballero, nueva secretaria general de Fondos Europeos, al frente. Y el equipo del Departamento de Asuntos Económicos, con De la Rocha. "Trabajo en equipo", presumen.
la orden que han dado Sánchez en el Ejecutivo es que todas las reformas se hagan con acuerdo en el diálogo social
Las reglas ya están fijadas. De hecho, el Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este documento establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países. Uno de los puntos más importantes del texto es el artículo 19: "En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas.
Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata de un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión.
Continúa el reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse. España está trabajando para que no ocurra.
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