París, 3 jul.- El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, imputado por corrupción en uno de los varios casos que le afectan, logró hoy una pequeña victoria judicial cuando el Tribunal de Apelación de París le dio la razón en una demanda por unas grabaciones que realizó, a traición, uno de sus antiguos consejeros.
La corte confirmó la sentencia dictada en primera instancia en marzo pasado, en procedimiento de urgencia, y que obligaba a su exconsejero Patrick Buisson a indemnizar a Sarkozy y a su esposa, Carla Bruni, con 10.000 euros.
El dictamen ratifica también que la publicación "Atlantico" retire el contenido de esas grabaciones de su página web, un extracto poco comprometedor de conversaciones privadas de Sarkozy y su entorno registradas sin permiso y en secreto.
El Tribunal de Apelación confirmó que "Atlantico" había borrado ya esas grabaciones de su página web y condenó también al semanario satírico "Le Canard Enchainé" a otros 10.000 euros de multa y a publicar la sentencia, pues reprodujo gran parte de aquellas conversaciones.
La web había recurrido la primera sentencia por entender que se respetó el derecho a la privacidad de la pareja Sarkozy-Bruni, al publicar solo una decena de minutos de las horas de grabaciones disponibles y excluir fragmentos de carácter personal.
Se apoyó también en el derecho a la información, pues entiende que esos extractos ilustran el sistema de grabaciones de Buisson, un asesor cercano a Sarkozy, experto en sondeos de opinión pública y con un pasado de extrema derecha que traicionó la confianza del político al que aconsejaba.
Buisson asegura que realizó esas grabaciones por no tomar notas en las reuniones en las que participaba, aunque no informaba a los presentes de que sus palabras quedaban registradas en un dictáfono oculto, y sostiene que no fue él quien las filtró.
La de hoy supone una pequeña victoria judicial para el expresidente, inmerso en varias instrucciones e imputado ayer por corrupción activa en una investigación sobre supuesto tráfico de influencias.
Ese caso, por el que tuvo que declarar ante la policía durante quince horas para terminar imputado, podría suponerle una pena máxima de hasta diez años de cárcel y se refiere también a unas escuchas, aunque ordenadas por los jueces instructores.
Se trata de una serie de intervenciones de sus teléfonos por parte de los jueces que estudian una posible financiación de su campaña de 2007 con dinero negro del derrocado líder libio Muamar el Gadafi.
Los investigadores descubrieron que Sarkozy y su abogado -también imputado- presuntamente intercambiaban favores con altos magistrados a cambio de que les filtrasen información sobre los avances en las instrucciones que amenazan al expresidente.
Tras conocer su imputación, Sarkozy calificó los cargos de "grotescos", cuestionó la legalidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas que mantenía con su abogado, que evitó valorar, y puso en duda la independencia judicial en ese caso.
Es el argumento más utilizado en su familia política para defender al expresidente, que ha adelantado que en dos meses decidirá si regresa a la política activa.
Así, el exprimer ministro francés y alcalde de Burdeos, Alain Juppé, aseguró hoy que la imputación ha sido una "puesta en escena teatral", aunque lamentó que Sarkozy se dedicara a "vilipendiar" a la institución judicial.
Juppé es uno de los candidatos a hacerse con la presidencia de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), principal coalición conservadora de Francia que también aspiran a controlar el exprimer ministro François Fillon, el exministro Bruno Le Maire o el propio Sarkozy.
Sin embargo, el eventual regreso a la arena política del expresidente parece comprometido por su reciente imputación y por el calendario judicial que le espera a Sarkozy, cuyo nombre aparece en siete instrucciones, entre ellas otra causa relacionada precisamente con Buisson.
Se trata del llamado caso de "los sondeos del Elíseo", en el que se intenta determinar si el político conservador utilizó fondos públicos para pagar encuestas de carácter privado o partidista a varias empresas de comunicación, entre ellas la del propio Buisson, Publifact, que entonces pertenecía al entorno más cercano de Sarkozy.
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