Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, se sentará de nuevo este lunes en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por el viaje que hizo en 2014 a la localidad gallega de Ribadeo en la que se hizo pasar por enlace entre el Gobierno y la Casa Real. Tanto el Ministerio Público como las acusaciones del procedimiento le imputan delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo aunque las peticiones de cárcel son, en el caso de la Fiscalía de siete años y de las acusaciones hasta de once años de prisión.
La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto acoger el juicio desde las 10.00 horas de este lunes. La vista cuenta con cuatro señalamientos hasta el día 24, si bien al arranque de la misma los magistrados se pronunciarán acerca de la renuncia 'in extremis' que formuló la abogada Ana Blanco Vázquez de Prada a ejercer su defensa apenas semanas después de haberla asumido. De acceder a su petición, que según fuentes consultadas la basa en presiones e injerencias, la vista se aplazaría hasta que el principal acusado cuente con nueva defensa letrada.
El juicio arranca más de dos años después de que el magistrado Arturo Zamarriego, entonces titular del juzgado número 2 de Madrid, procesara al pequeño Nicolás y a dos policías más por suplantación de identidad. Los agentes de la Policía Nacional Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila se enfrentan a una petición del Ministerio Público de cinco años y medio de prisión por estos hechos que tuvieron lugar en agosto de 2014.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, Gómez Iglesias propuso organizar una reunión a un empresario al que hizo creer que actuaba en calidad de funcionario como enlace entre el Gobierno y la Casa Real. Tras mantener varios contactos, finalmente almorzaron juntos en un restaurante de Ribadeo al que el joven había hecho creer que "asistiría una persona muy importante de la Casa Real". Para llevar a cabo su plan recurrió al agente Gómez Hormigos que estaba destinados en el Grupo de Escoltas de Protección y le pidió que le proporcionara todo tipo de medios policiales necesarios para fingir que era un funcionario público.
El pequeño Nicolás también implicó a la Policía Municipal de Ribadeo puesto que de camino a su cita les llamó para solicitarles que escoltara la comitiva. También telefoneó al club náutico para informar de la visita de una alta personalidad de la Casa Real, reservó tres mesas en el restaurante y hasta confeccionó en un ordenador personal acreditaciones del Ministerio del Interior para los vehículos. A las 5.00 de la mañana de ese día partió la comitiva para Galicia y a su llegada al lugar, despachó con el alcalde de Ribadeo.
Comitiva escoltada
De acuerdo con el escrito de acusación de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y Podemos recogido por este diario, González Hormigos actuó en todo momento como jefe del dispositivo y hasta portaba un arma. El acusado dio instrucciones sobre cómo debían actuar llegando a repartir rotativos policiales acústicos y hasta auriculares y pinganillos. Durante la comida los comensales conversaron sobre la inminente liberalización del mercado ferroviario y la renovación de las licencias del transporte ferroviario concedidas a la empresa Alsa. Una vez finalizada la velada, emprendieron el viaje de regreso a Madrid, no sin antes detenerse por el camino para hacer fotos y grabar vídeos sobre la jornada.
Se trata de la segunda vista oral para el pequeño Nicolás que ya fue juzgado por injurias contra el CNI. En este caso acusó a los servicios de inteligencia de pincharle el móvil si bien luego pidió perdón por los hechos, lo que le valió su absolución por los delitos de injurias y calumnias aunque fue condenado al pago de una multa de 4.320 euros. Por contra, el juzgado sobreseyó su causa en la pieza relativa a las grabaciones efectuadas a los miembros del CNI que le seguían la pista. Esta parte del procedimiento -que ya ha sido instruido- se dirige contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, su mujer Gema Alcalá y el periodista Carlos Mier. Las acusaciones piden para el principal acusado del procedimiento Tándem hasta siete años de prisión por revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, estafa e injurias y calumnias.
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