El coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado este lunes de su cargo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid con la justificación oficial de la "pérdida de confianza", tras haber entregado un informe que varias fuentes consultadas por este diario califican desde "muy duro" hasta "demoledor" contra algunos de los responsables del Gobierno por no haber avisado antes de las alertas sobre la pandemia que se venía encima antes del 8-M. Se trata de unas diligencias encargadas por el juzgado de Madrid que investiga si hubo delito en la autorización de las marchas celebradas antes de que se declarara el estado de alarma.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso advierten que las conclusiones del informe que el mismo coronel ha controlado son fundamentales a la hora de establecer la "posible negligencia" del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, si se demostrara que tenía la información suficiente como para tomar alguna medida para evitar las aglomeraciones que se produjeron en la capital durante las marchas de esos días. "A un delegado del Gobierno no solo le obliga el principio de legalidad, sino también el de prudencia, algo que utilizan muchas veces para justificar medidas de control ante grandes eventos de riesgo", explican.
Las pesquisas que la unidad adscrita al coronel de la Guardia Civil entregó a la juez Carmen Rodríguez-Medel incluyen la declaración del coordinador de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, que este mismo lunes ha querido quitar importante al impacto que el 8-M tuvo en toda la pandemia, y que consideró "muy marginal", si bien admitió que los movimientos en metro y otros medios de transporte que se produjeron sí pudieron ser un vector de contagio importante. Más allá del contenido de esta declaración y el resto de los datos que se incluyen en el informe, en el seno del Ministerio del Interior se levantó la voz de alarma por las filtraciones que se produjeron la semana pasada sobre este hecho, algo que, de entrada podía suponer una falta de confianza en la cúpula del cuerpo armado en la capital.
El eco del 'procés'
"Tras una excusa como la pérdida de confianza se suele añadir siempre la coletilla de que se han producido filtraciones de información antes incluso de que el Ministerio lo sepa", aseguran fuente policiales conocedoras de este tipo de procesos, que advierten que siempre que se instruye una causa que implica al Ejecutivo hay presiones sobre el trabajo policial, con lo que "es seguro que la verdadera razón de un cese está más allá de si hubo o no filtraciones o confianza". Tanto desde la Policía Nacional como desde la Guardia Civil se defiende en todo momento el trabajo "riguroso y equilibrado" que Pérez de los Cobos imprimía en todo lo que hacía, si bien reconocen al mismo tiempo que su protagonismo en la gestión de la crisis del 1-O en Cataluña le había generado demasiados enemigos políticos.
No se oculta la petición que desde el independentismo catalán (sobre todo ERC) se había hecho para relegar al alto mando de la Guardia Civil. De hecho, fuentes del entorno del coronel aseguran que, aunque el motivo oficial ha sido la pérdida de confianza de este puesto de designación política, el motivo 'oculto' es precisamente dar respuesta a este requerimiento que tendría sobre la mesa el Gobierno que preside Pedro Sánchez tras la crisis abierta por la gestión del Instituto Armado durante el 1-O. En su testifical durante la causa del 'procés' que instruyó el Tribunal Supremo, De lo Cobos relató las dificultades que se encontró a la hora de gestionar el operativo policial conjunto con los Mossos después de que así se lo encargara el fallecido fiscal jefe del TSJ de Cataluña, José María Romero de Tejada.
Basta ver cualquier imagen de la actuación policial del 1 de Octubre para saber que Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado.
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 25, 2020
Sin embargo, la verdadera punta de lanza según sostienen las fuentes consultadas ha sido su postura inamovible en relación al atestado que desde el jueves pasado obra en manos de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. La instructora designó a agentes de su unidad como responsables de unas diligencias en las que se apoyará para dirimir si el delegado del Gobierno cometió prevaricación autorizando las marchas previas al 14 de marzo. Así pues, dos criterios son determinantes para la instructora: el del médico forense y el de la Policía Judicial. Si bien los análisis todavía no se han cerrado, el facultativo considera que no se puede vincular el alto número de contagios a la celebración de las marchas mientras la Policía Judicial liderada por De los Cobos apunta en una dirección muy comprometida para el político investigado.
Atestado confidenciales
Los agentes han estrechado el cerco en torno a los máximos responsables del Ministerio de Sanidad para saber si fueron claros en las advertencias sobre el peligro de una pandemia que se ha cobrado más de 28.000 vidas en nuestro país. Las conclusiones aportadas en el atestado son clave para la magistrada pues guiará en gran medida las líneas a investigación a seguir. De hecho, ya ha lanzado una primera batería de medidas para esclarecer hasta qué punto Franco ignoraba todas las advertencias hechas desde Sanidad y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y todo antes de tomarle declaración como investigado el próximo 5 de junio. De ahí que las conclusiones del equipo dirigido por Pérez de los Cobos sean tan importantes a la hora de delimitar la responsabilidad penal del político.
Mientras tanto, asociaciones de guardias civiles como AUGC o APROG piden más transparencia al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska desde el cual recuerdan que se trata de una designación y, consecuentemente, una destitución, de índole política. Las asociaciones no se conforman con la versión oficial y quieren que el ministro dé la cara siguiendo la estela de formaciones como el PP que ya han exigido explicaciones inmediatas al responsable de Interior. Además, recuerdan que el hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid no tiene por qué rendir cuentas a sus superiores de las diligencias en curso y que la Ley le ampara a actuar en un procedimiento penal "con la más absoluta confidencialidad".
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