La Paz, 8 sep.- Los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú lamentaron hoy en La Paz la decisión de Estados Unidos de rechazar la solicitud de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la muerte de 60 personas en una revuelta social en 2003.
El argentino y la guatemalteca se pronunciaron en ese sentido tras una reunión en el Palacio de Gobierno con el presidente Evo Morales, antes de asistir a la boda del vicepresidente Álvaro García Linera con la presentadora de noticias Claudia Fernández.
"Estados Unidos lamentablemente protege a gente que ha cometido delitos de lesa humanidad. Y se maneja más por sus intereses que por un sentido de ética y de responsabilidad con los pueblos", dijo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1980.
Menchú, Premio Nobel de 1992, coincidió con Pérez Esquivel y señaló que "la extradición debe ser igual para todos", sobre todo cuando hay "una evidencia de una injusticia".
Morales informó ayer que recibió una nota del Gobierno de Estados Unidos "negando la extradición de quienes hicieron mucho daño a Bolivia", por lo que acusó a ese país de convertirse "en el refugio de los delincuentes", en un "paraíso de la impunidad" y en un país que "nunca respetó la dignidad y soberanía de Latinoamérica".
Además de la extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), solicitada a fines de 2008, también fueron denegadas las de Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, que fueron sus ministros de Defensa y de Hidrocarburos, respectivamente.
El exmandatario y sus colaboradores fueron acusados de genocidio por supuesta culpa en la muerte de 60 personas ocurrida entre septiembre y octubre de 2003, durante una oleada de conflictos que fue reprimida por unidades militares.
El conflicto social fue motivado por la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas boliviano a EE.UU. a través de un puerto de Chile -país al que Bolivia le reclama una salida al Pacífico- una iniciativa que sindicatos y partidos opositores de entonces rechazaron totalmente.
La crisis derivó en la dimisión de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, 14 meses después de asumir su segundo mandato.
Opositores han lamentado también la decisión de Washington y anunciaron que pedirán al canciller David Choquehuanca un informe de las gestiones que ha hecho el Gobierno para lograr la extradición de Sánchez de Lozada.
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