Libertad provisional para los cinco empresarios detenidos por pagos de hasta 10 millones de euros a José Manuel Villarejo. El magistrado de la Audiencia Nacional al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha acordado esta medida para todos ellos, incluidos el naviero Ángel Pérez-Maura así como Adrián de la Joya, a quienes ha impuesto una fianza de 750.000 euros y 500.000 euros respectivamente. Y ello pese a que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión para ambos después de que recurrieran al comisario jubilado para que frenara la extradición a la Justicia guatemalteca del primero de ellos, según informan fuentes jurídicas.
En lo que respecta a Álvaro Pérez-Maura, el juez ha acordado su libertad sujeta al pago de fianza de 500.000 euros mientras que para el abogado Enrique Maestre y Javier Soucheiron, se ha acordado libertad sujeta al pago de 200.000 euros. Todos ellos se han visto sometidos este viernes a un intenso interrogatorio en la Audiencia Nacional que se ha prolongado más de 14 horas y ha terminado ya en la madrugada del sábado. El magistrado investiga en esta pieza número 4 del caso Tándem, por un lado, los pagos al entramado de Villarejo para frenar la extradición del naviero a Guatemala y, por otro, el soborno de hasta 30 millones de dólares al expresidente de Guatemala para lograr la adjudicación de un ambicioso proyecto portuario en el país centroamericano.
Los interrogatorios han terminado con la celebración de vistillas de prisión en las que Anticorrupción ha formulado sus peticiones de medidas cautelares para todos ellos. De este modo, han solicitado prisión incondicional para Ángel Pérez-Maura, mientras que para su hermano Álvaro Pérez-Maura han pedido libertad sujeta al pago de fianza de 3 millones de euros a abonar en un plazo máximo de cinco días. En el caso de Adrián de la Joya, el Ministerio Público ha solicitado prisión sujeta al pago de fianza de fianza de 3 millones. Para Maestre y Soucheiron, Anticorrupción ha pedido igualmente libertad condicionada al pago de fianza de 1 millón de euros en el plazo de una semana.
Organización criminal para De la Joya
Las fuentes consultadas han explicado que los interrogatorios en el caso de los hermanos Pérez-Maura así como de Soucheirón, consejero delegado de la compañía de ambos, se han centrado en los dos aspectos clave que se investigan en esta pieza. En el caso de Adrián De la Joya los investigadores se han interesado más en conocer su papel de presunto mediador entre los hermanos Pérez-Maura y Villarejo para que éste último lograra frenar la entrega a Guatemala de Ángel Pérez-Maura así como garantizar su inmunidad ante la posible apertura de cualquier investigación en su contra. Por ese motivo, le atribuyen el mismo delito que al resto de detenidos, esto es, cohecho y, además, organización criminal.
Aunque esta parte del caso Tándem se investiga desde casi el comienzo de la causa, no ha sido hasta esta misma semana cuando agentes de la Policía Nacional han procedido, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a la detención de los cinco investigados. El operativo, que incluyó también registros en sus domicilios y sociedades de su propiedad, se produjo tras la interposición de una querella por parte de Anticorrupción en cumplimiento del convenio OCDE de la lucha contra la corrupción.
Investigación internacional
Los investigadores otorgan un papel clave a cada uno de los detenidos en la pieza Pit de la trama. De este modo, sitúan los hermanos Pérez-Maura al frente del Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L (TCB), de la que es consejero delegado Francisco Javier Soucheiron. Por su parte, tanto el empresario Adrián de la Joya como el abogado Enrique Maestre habrían actuado en calidad de mediadores entre la naviera, Villarejo y la entonces cúpula del gobierno guatemalteco a la que se ofreció un soborno de cerca de 30 millones de dólares para que TCB fuera la adjudicataria del ambicioso proyecto de construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Por ese motivo, el magistrado al frente del procedimiento Tándem, Manuel García Castellón, ha puesto el foco en las implicaciones internacionales que puedan derivarse de la investigación abierta por la adjudicación a la filial de la naviera catalana en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal S.A, y que podría ser constitutiva de delito de cohecho. Los pagos, vinculados directamente al entonces presidente Otto Pérez Molina y su ‘número dos’ Roxana Baldetti se habrían efectuado entre los años 2012 y 2015.
La mediación de Villarejo también se produjo en el marco de la orden de entrega que pesaba sobre Ángel Pérez-Maura por estos hechos. El expediente de extradición del empresario cántabro se incoó el 27 de abril de 2016 y se tramitó por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, de la que es titular el magistrado Ismael Moreno. La primera vista de extradición se celebró en febrero de 2018 y en la misma Pérez-Maura mostró su negativa a que se hiciera efectiva la entrega lo que provocó que las actuaciones se elevaran a la Sala de lo Penal. Los magistrados de la Sección Cuarta practicaron una vista de extradición en mayo del pasado año y en la misma se denegó definitivamente la petición.
De la Joya, por su parte, está acusado en otros procedimientos judiciales también por las labores de intermediación que hubiera podido ejercer en otras adjudicaciones. De este modo figura como investigado en el caso Lezo, que también se instruye en la Audiencia Nacional, y su nombre ha salido a relucir en otras causas como el Pequeño Nicolás o la trama Gürtel. En la primera de ellas aparece vinculado a Villarejo por ser titular de la Finca La Alamedilla. La Policía Judicial concluyó que la compra venta de la misma resultó ser "trascendental" para las pesquisas puesto que podría haberse efectuado con fondos ilícitos y con el fin de obtener liquidez que iría a parar a terceros.
En lo que respecta al procedimiento por irregularidades en el Canal de Isabel II, De la Joya figura como investigado por haber sido el destinatario a una cuenta suya en Suiza. El encargo lo habría efectuado el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid y lo tendría que haber hecho llegar al exgerente del Canal Ildefonso de Miguel en respuesta a la adjudicación a la multinacional de la construcción del proyecto de cercanías que iba a unir las localidades entre Móstoles y Navalcarnero.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios