Miércoles, 11.12.2019 - 20:43 h
Por cohecho internacional

Pérez-Maura maniobra para sacar del caso Villarejo los sobornos en Guatemala

El naviero afirma que los presuntos pagos de 30 millones de dólares al expresidente del país no guarda relación con la contratación del agente. 

El juez busca los flecos internacionales de la trama de Villarejo y los Pérez-Maura.
El juez busca los flecos internacionales de la trama de Villarejo y los Pérez-Maura. / L.I.

El empresario cántabro Álvaro Pérez-Maura mueve ficha en el caso Villarejo. El naviero, investigado por cerrar un contrato de 10 millones de euros con el comisario jubilado a cambio de que evitar la extradición a Guatemala de su hermano Ángel, se ha dirigido al magistrado Manuel García Castellón para requerirle que deje de investigar la parte de la causa relativa el presunto soborno de hasta 30 millones de dólares al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina a cambio de que su empresa fuera la adjudicataria de la explotación de una terminal en Puerto Quetzal.

La pieza cuarta del macroprocedimiento Tándem se centra en, por un lado, la contratación presuntamente irregular al policía en activo para frenar la investigación en Guatemala y, por otro, los pormenores de esta adjudicación que ya se sigue en otro procedimiento separado en el país centroamericano. Por ese motivo, el empresario asegura que estos últimos hechos -que serían constitutivos de cohecho internacional- ya se han indagado por la CICIG, organismo dependiente de la ONU, y está a punto de concluir, mientras que las pesquisas en la Audiencia Nacional se encuentran en estado "embrionario".

El objetivo del empresario, que fue detenido en el marco de un operativo judicial el pasado mes de mayo, es evitar que la parte relativa a las mordidas de las que también se habría beneficiado la expresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, siga investigándose en la Audiencia Nacional por lo que, de acceder el magistrado instructor, la pieza 'Pit' perdería mucho peso en el macrocaso Tándem y quedaría reducida únicamente a la contratación con el entramado empresarial del comisario jubilado. De acuerdo con las pesquisas de la Policía Judicial, el agente encubierto, a quien se le acaba de prorrogar la prisión provisional por dos años más, habría prometido a sus clientes que no solo frenaría el proceso de extradición de Ángel Pérez-Maura sino que además provocaría un cambio en la presidencia del país aupando al entonces embajador guatemalteco en Estados Unidos Julio Ligorría. 

Sin nexo de conexión

De acuerdo con el escrito presentado por la defensa del empresario, y al que ha tenido acceso La Información, el nexo de conexión entre los dos hechos que se siguen en esta pieza es solamente Ángel Pérez-Maura. Esto es, el naviero es el único que figura como investigado tanto en Guatemala como en España por la adjudicación presuntamente irregular a su mercantil Grup Marítim TCB. Por ese motivo reprochan a Anticorrupción su criterio y exponen que el origen de la causa en Guatemala se remonta a enero de 2012 y poco tiene que ver con este asunto; pero lo cierto es que fue la misma Audiencia Nacional la que tramitó la orden de detención internacional contra Ángel Pérez-Maura por este asunto. 

Según exponen, la investigación de los hechos conjuntos implicaría no obstante, retrasar mucho más la ya de por sí compleja instrucción que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Y, además, aseguran que si la causa sigue adelante tal cual está estructurada, se corre el riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias sobre unos mismos hechos, teniendo en cuenta que se tiene que pronunciar la Justicia guatemalteca y la española. "Como se puede observar, cada procedimiento lleva su propia velocidad de manera que lo conveniente será respetar el itinerario procedimental del 'caso Guatemala' en unas diligencias independientes", reza el escrito.

Fianza récord de 764 millones

El magistrado al frente del caso ha vuelto a suspender la citación como persona jurídica de la mercantil de los navieros Pérez y Cía. Lo ha hecho tras incorporar un escrito presentado por APMT, filial del gigante danés Maersk, que figura en la causa como perjudicado en tanto fue la que adquirió una de las empresas de los clientes de Villarejo acusada de corrupción en Guatemala. Por este motivo, la defensa de la mercantil solicito al magistrado instructor que acordara una fianza para Pérez y Cía de 764 millones de euros por presunta estafa en la transacción de los negocios. Y no solo eso sino que, además de la caución récord en la macrocausa, solicitaron la imputación de la mercantil además por cohecho internacional, tráfico de influencias, estafa y tres delitos contra la Hacienda Pública.

La pieza cuarta de Tándem, en la que figuran como imputados además, el socio de Villarejo en sus negocios Rafael Redondo, el empresario de la jet Adrián de la joya, el abogado Enrique Maestre o el exembajador Julio Ligorría, puso de manifiesto los entresijos de la contratación por la que los hermanos Pérez-Maura llegaron a abonar más de siete millones de euros. Los audios interceptados con motivo del registro en el domicilio de Villarejo tras el estallido de la operación en noviembre de 2017 reflejaron cómo el agente encubierto no solo alardeó de su capacidad de influencia en el extranjero sino que incluso aseguraron que estrangularían (en el sentido figurado) a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, y su entorno, para poner coto a las pesquisas. 

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