Periodista francobrasileña deja Ecuador tras librarse de deportación

  • La periodista y activista francobrasileña Manuela Picq, quien se libró de ser expulsada de Ecuador tras ser detenida durante violentas protestas contra el gobierno, dijo que viajará a Brasil este viernes, porque según ella cayó en un "limbo jurídico" que le impide permanecer legalmente en el país.

"Nos parece lo más adecuado regresar a Brasil (...) y seguir con el pedido de visa Mercosur desde Brasil", que en teoría le permitiría regresar a Ecuador, dijo Picq en una rueda de prensa.

La mujer de 38 años, pareja del líder opositor indígena Carlos Pérez, anunció su decisión de dejar temporalmente Ecuador, debido a que no logró que la justicia le reactivara la visa que le fue revocada.

Picq fue detenida hace una semana cuando marchaba en Quito junto a su pareja durante un protesta contra el presidente Rafael Correa, la cual terminó en duros choques que dejaron decenas de detenidos y heridos, muchos de ellos policías.

Las autoridades le revocaron la visa e iniciaron un proceso para obtener su deportación, pero una juez negó el lunes el pedido de expulsión.

"Espero poder regresar lo más pronto posible para seguir con las actividades laborales", indicó Picq, quien además de colaborar con medios internacionales como el canal Al Jazzera, es profesora de una universidad privada.

La activista dijo a la prensa que resolvió dejar Ecuador en común acuerdo con su pareja, con el ánimo de estar cerca de su familia e iniciar el trámite de una visa del bloque Mercorsur para trabajar en Ecuador.

"Vamos a separarnos por un rato y me voy a alejar para asegurar mi bienestar físico", añadió Picq.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, justificó el retiro de la visa de la extranjera.

A Picq "se le revocó la visa porque estaba desarrollando actividades políticas y estaba en medio de una actividad de violencia y de agresión al patrimonio histórico de Quito", dijo Patiño al canal Ecuavisa.

La comunicadora prevé dejar Quito en horas de la tarde.

Su caso fue asumido por un sector de los indígenas y de la oposición como una nueva bandera de lucha contra el gobierno de Correa, al que acusan de llevar a cabo políticas que buscan desplazar a los nativos de la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios ancestrales.

Asimismo, los indígenas en contra del gobierno rechazan una enmienda constitucional en trámite que le permitiría a Correa, en el poder desde 2007, ser candidato en las elecciones de 2017.

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