Domingo, 15.09.2019 - 13:11 h
Por la divulgación en los medios de los expedientes

El peritaje del Popular no contará con las críticas de Ron a la sanción de la CNMV

El instructor dice que los expertos del Banco de España no necesitan este material al tratarse de conclusiones de parte y no de datos fácticos.

Ángel Ron
Ángel Ron cargó contra la CNMV por divulgar la sanción/ José González

El juez al frente de la causa del Banco Popular, José Luis Calama Teixeira, ha denegado la pretensión del que fuera presidente de la entidad, Ángel Ron, de que sus críticas contra las sanciones de la CNMV se tengan en cuenta por los expertos del Banco de España encargados del peritaje. El instructor explica en un auto, al que ha tenido acceso La Información, que no es necesario que los peritos cuenten con estas alegaciones porque no se pueden entender como hechos relevantes para el avance de la causa, sino más bien como conclusiones de parte.

El nuevo instructor adopta esta decisión de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que igualmente considera que no es necesario que los expertos tengan que conocer las conclusiones del banquero sobre las sanciones de cara a emitir un veredicto por la quiebra de la entidad. Uno de los motivos que llevan al representante del Ministerio Público a pronunciarse de tal forma es evitar que se dilate más en el tiempo las pesquisas de los expertos que están pendientes de su incorporación al juzgado y a partir de las cuáles se podrá avanzar en las diligencias.

La defensa del expresidente del Popular criticó duramente las sanciones que impuso la CNMV contra el banco y la excúpula del mismo por presuntas irregularidades en las cuentas anuales del ejercicio 2016. El banquero, acusado en el procedimiento por falsedad societaria y administración desleal, expuso en su escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 que las sanciones en cuestión “no tenían fundamento alguno” y buscaban perjudicar a la cúpula de la entidad con “alegaciones descontextualizadas”.

La CNMV, "testigo directo" de la ampliación de capital"

En su denso escrito, Ron denunció que la CNMV alegó que desconocía el proceso de ampliación de capital de ese año y asegura que fue “testigo directo” de lo ocurrido y así queda patente en todos los correos y comunicaciones intercambiados entre el supervisor y los técnicos de la entidad. Igualmente arremetió contra el organismo que dirige Sebastián Albella por haber divulgado a los medios el expediente sancionador infringiendo “de forma tajante” sus propias normas internas. Considera el expresidente del banco que, con este proceder, se protege de las consecuencias penales que puedan resultar del procedimiento, en el cual todavía no ha declarado ningún investigado a la espera de las conclusiones que afloren del peritaje del Banco de España.

Además, también alegó que la CNMV tuvo en sus manos un “informe detallado” que el banco elaboró a petición del propio regulador y que estuvo al corriente de la auditoría y los posteriores trabajos de revisión, encargados a PwC y KPMG, respectivamente. Con todo, el organismo considera que la entidad incurrió en importantes irregularidades y cifró los ajustes que afectan a las cuentas investigadas en 123 millones de euros por insuficiencia en determinadas provisiones.

La CNMV entregó copia de las sanciones

Precisamente, la divulgación de estas sanciones llevó al nuevo instructor a requerir a la CNMV copia de las mismas, que fueron aportadas a la causa la pasada semana. El organismo entregó toda la documentación relativa a los expedientes en soporte informático y pidió al magistrado que adoptara las medidas necesarias de cara a proteger el contenido de los informes remitidos; petición que tuvo respuesta afirmativa por parte del magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción número 4.

Los expedientes en cuestión tienen su origen en la presunta inexactitud de las cuentas anuales de 2016, año en que el banco suscribió una ampliación de capital por 2.505,5 millones de euros. Este es uno de los extremos que se investigan en la causa que puso en marcha el magistrado Fernando Andreu en octubre de 2017 contra Ángel Ron y Emilio Saracho por un lado, por falsedades en el folleto informativo de la ampliación de capital y, por otro, por presunta manipulación de mercado ante la sospecha de que se difundieron noticias falsas con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización.

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