Jueves, 27.02.2020 - 16:30 h
16.000 millones en tres meses

Los peritos del BdE avalan al juez: el Popular quebró por fuga de depósitos

Los inspectores protagonizan una declaración ceñida a su informe y apuntan que la entidad era solvente pero las cuentas no eran saludables. 

Emilio Saracho
Emilio Saracho expuso en sede judicial que no había alternativas para el banco.  / Efe .

La declaración prestada en la Audiencia Nacional por los inspectores del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández en lo que respecta al Banco Popular se ha ceñido punto por punto al informe pericial que aportaron a la causa. De este modo, los dos expertos solo han necesitado tres de las cuatro jornadas señaladas esta semana para reafirmar que la caída del Banco Popular tuvo lugar ante la importante fuga de depósitos de hasta 16.000 millones de euros que se produjo entre los meses de abril y junio de 2017.

Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario aseguran que los dos inspectores del supervisor han detallado ante el magistrado José Luis Calama Teixeira que la salida de los depósitos en el último trimestre de vida de la entidad fue el golpe definitivo para que el banco acabara siendo resuelto a mediados de 2017 por la Junta Única de Resolución (JUR). Los expertos han asegurado en estos tres días que se trató de la 'puntilla' para una entidad que, a fecha de 31 de diciembre de 2016, era "viable, solvente y rentable".  

Ahora bien, Ruiz-Clavijo y Hernández no han obviado que el que fuera sexto grupo bancario del país presentó unas cuentas que no reflejaron la imagen fiel de la entidad. Al respecto cabe recordar que en el informe aportado a la causa en abril de 2019, ambos aseguraron que las estimaciones contenidas en el folleto de la ampliación de capital de 2016 eran "demasiado optimistas". Se refirieron entonces a lo relativo a la evolución de dudosos, lo cual invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia del documento de la ampliación de 2.505 millones. 

Tres opciones sobre la mesa

Las mismas fuentes explican que la situación del banco en mayo de 2017 era tan crítica que solo se podía optar por tres alternativas. La primera de ellas era la resolución que finalmente se llevó a cabo por el organismo regulador dando pie a la compra del Banco Santander por el precio simbólico de un euro. La segunda de las opciones planteadas pasaban por presentar un concurso para evitar el descalabro del grupo, o bien la necesaria inyección de capital público; alternativa esta última que ninguno de los dos consideró como viable. 

De este modo, los inspectores se han remitido a la literalidad de las conclusiones plasmadas en su trabajo de 294 páginas en una declaración más descafeinada y sosegada si se compara con la que protagonizaron los también inspectores del supervisor en el procedimiento penal por la salida a bolsa de Bankia. En este caso, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández han defendido que el banco era viable a finales de 2016 puesto que contaba con un patrimonio de 11.088 millones de euros, si bien eso no quiere decir que las cuentas reflejaran la verdadera situación de la entidad. 

Cruce de versiones

Al respecto, el informe concluyó que las cuentas anuales que se reflejaron en el folleto de la ampliación que investiga la Audiencia Nacional no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas de dudosos. Las conclusiones arrojadas por los expertos en sede judicial se suman a las plasmadas por todos los investigados en este procedimiento penal, entre los que destacan los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho. Los interrogatorios practicados hasta la fecha por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción pusieron de manifiesto la falta de consonancia entre los acusados. 

Así pues, mientras Ron defendió su gestión al frente de la entidad a la par que denunció un plan auspiciado por el inversor mexicano Antonio Del Valle para echarle de la presidencia, Saracho y su círculo cercano expuso que la caída de la entidad se produjo por irregularidades en la ampliación de capital apuntando a instrucciones veladas para el financiar el proceso. Con todo, y tras las periciales practicadas a los inspectores, ahora le toca el turno a los testigos. De este modo, desfilarán por la Audiencia Nacional, el vicepresidente del BCE Luis de Guindos; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y su antecesora en el cargo Elvira Rodríguez, entre otros.

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