Las protestas habían sido convocadas por seguidores de la secta Bundu Dia Kongo (BDK), que tomaron las calles de Kinshasa y en varias localidades de la provincia de Congo Central para protestar contra el presidente, Joseph Kabila, y la prórroga de un mandato que teóricamente expiró en diciembre de 2016.
El líder de este grupo, Ne Muanda Nsemi, que se encuentra en paradero desconocido desde que escapó de la cárcel en mayo, había difundido un vídeo en el que instaba a "los ruandeses y el presidente Kabila" a abandonar el país antes del 7 de agosto si no querían enfrentarse a la "ley divina" y al "ojo por ojo".
HRW ha documentado 23 fallecidos en Kinshasa durante las protestas, entre ellos 11 miembros de BDK y diez peatones que habrían sido abatidos por las fuerzas de seguridad. Además, también perdieron la vida dos agentes, según los testimonios recabados.
En Congo Central fallecieron al menos tres miembros más de la secta y un miembro de la Policía, aunque HRW ha advertido de que todo ha recibido otras informaciones "no verificadas" de más fallecidos tanto en esta región como en la capital congoleña.
La oposición y otras fuentes citadas por la organización han asegurado que las autoridades habían consentido la celebración de estas protestas con el objetivo de crear una situación de caos y justificar futuras restricciones, por ejemplo para imponer un nuevo retraso electoral que amplíe más aún el tiempo de Kabila en el poder.
Esta permisividad contrasta con la actitud de las autoridades ante la ola de protestas nacional convocada para el 31 de julio, para la cual las fuerzas de seguridad organizaron un amplio despliegue antes incluso de que se iniciasen las movilizaciones. Al menos 128 personas fueron detenidas en esas protestas, que concluyeron también con represión por parte de la Policía.
Varios ministros y el jefe de los servicios de Inteligencia comparecieron el miércoles en Kinshasa para presentar a 31 sospechosos detenidos por las protestas del lunes, en las que según el balance oficial perdieron la vida 19 personas. Las autoridades acusan a los detenidos de planear un golpe de Estado.
HRW ha reclamado la apertura de una investigación imparcial para depurar responsabilidades en los últimos incidentes, toda vez que no tienen cabida "la violencia por parte de los manifestantes o el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía".
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