Piden a CorteIDH condenar a Colombia por muerte civiles en bombardeo en 1998

San José, 27 jun.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobrevivientes pidieron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado colombiano por la muerte de 17 civiles en 1998, en un bombardeo atribuido a la Fuerza Aérea y que tuvo lugar en el marco del conflicto interno.

Los jueces de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, escucharon este miércoles en una audiencia pública a los sobrevivientes Alba Janeth García y Marcos Neite González, así como al general en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana Jairo García Camargo, un testigo propuesto por el Estado.

El representante de la CIDH, Felipe González, dijo ante la CorteIDH que la importancia de este caso radica en que, por primera vez, el tribunal podrá referirse sobre las responsabilidades y obligaciones de los Estados en el campo de los derechos humanos en el marco de conflictos armados internos.

"El presente caso constituye una oportunidad para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre las obligaciones estatales en el marco de un conflicto armado interno, principalmente sobre el respeto y protección del derecho a la vida de personas civiles en operaciones militares", afirmó González.

El caso se remonta al 13 de diciembre de 1998 cuando, según la demanda, la Fuerza Aérea bombardeó la comunidad de Santo Domingo, municipio de Tame, en el departamento de Arauca (este), y causó la muerte de 17 personas y dejó 27 heridos, en un operativo contra guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

González aseguró que el artefacto explosivo era una "munición de racimo compuesto por seis bombas de fragmentación con una precisión limitada y gran poder antipersonal", y que los sobrevivientes recibieron más ataques al tratar de ayudar a los heridos.

La sobreviviente Alba García aseguró a los jueces que "al Estado se le ha olvidado cumplir con muchas cosas", y que una de sus peticiones es que "diga que fue el responsable del bombardeo".

"Pido que haya justicia, reparación y que el Estado nos tenga en cuenta como lo que somos: víctimas", declaró García, quien describió a Santo Domingo como una comunidad "alegre, humilde" y conformada por campesinos.

Según la mujer, los pobladores se vistieron con ropa blanca y portaban trapos de ese color en sus manos para identificarse como población civil ante los helicópteros que sobrevolaban constantemente el lugar.

"Un helicóptero pasa sobre nosotros, se detiene un poco y nos lanza unas cosas. Pensé que eran papeles y en ese momento siento la explosión, el impacto. En ese momento no veía y las personas alrededor gritaban y pedían auxilio", declaró García.

Agregó que los sobrevivientes huyeron en un camión y desde el aire les continuaron disparando, pero lograron llegar hasta un hospital del municipio de Tame, donde recibieron atención médica.

Por su parte, el general en retiro Jairo García Camargo, quien realizó una inspección el 17 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, afirmó que no encontró evidencia de un bombardeo de la Fuerza Aérea a población civil ni a la comunidad.

"El informe estableció que el armamento que se lanzó, se lanzó en un área despoblada, lejos de la población civil", y "no se pudo evidenciar bombardeo, ni ametrallamiento, ni lanzamiento de cohetes de la que fuera responsable" el Estado, declaró el militar en retiro.

García Camargo describió que la guerrilla de las FARC estaba realizando actividades de tráfico de drogas y de armas en zonas cercanas a Santo Domingo, por lo que hubo un enfrentamiento con la Fuerza Aérea que se prolongó durante cuatro días.

Para mañana está programada la segunda y última parte de la audiencia, cuando los jueces escucharán los alegatos finales de los representantes de las víctimas, del Estado y de la CIDH, encargada elevar los casos a la Corte.