Sevilla, 2 oct.- El juzgado que dirige Mercedes Alaya ha dictado una diligencia en la que pide a seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos que designen bienes para el embargo de la fianza de 8.783.898 euros que le impuso el 25 de julio pasado una vez que no han depositado esta cantidad.
En la diligencia, dictada el 30 de septiembre y a la que ha tenido acceso Efe, se pide a los seis hermanos que "designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo" y "con expresión en su caso de las cargas y gravámenes".
El juzgado concede diez días a los hijos de Ruiz Mateos Pablo, Francisco Javier, Álvaro, José María, Alfonso y Zoilo para que digan si los inmuebles "están ocupados, por qué personas y con qué título; de tal forma que si nada se manifestara en dicho plazo se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo".
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, impuso la fianza a los hermanos por los cinco expedientes del grupo empresarial Ruiz Mateos en Andalucía.
La juez afirma que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas por cada uno de los expedientes en los que medió y que le pagaron en dinero B, en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500.
La fianza civil se impuso de manera solidaria entre Pablo, Francisco Javier, Álvaro, Zoilo, José María y Alfonso Ruiz Mateos Rivero.
De cada una de las ayudas responderán de manera subsidiaria las empresas Zoilo Ruiz Mateos, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Hotel Cervantes.
Dice la juez que desde que en el año 2003 compraron el Hotel Cervantes, los imputados junto con su padre "se plantearon la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales, para lo cual pretendían, con evidente ánimo de lucro, la financiación de la Junta de Andalucía".
La Junta pagó, con cargo al programa 31 L, 1.100.000 euros a la empresa Zoilo Ruiz Mateos, 10.594.159 a Dhul, 3.807.300 euros a Complejo Bodeguero Bellavista y 6.485.785 al Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).
Respecto a este último centro de trabajo, los hermanos Pablo, Álvaro, Francisco Javier, Zoilo, José María y Alfonso "conocerían y serían partícipes de la inclusión como beneficiarios en las pólizas de dos personas ajenas al hotel, que fueron contratadas pocos meses antes de solicitar el ERE" y que eran antiguos trabajadores de otras sociedades del grupo Rumasa.
En cuanto a Dhul, el ERE fue aprobado en mayo de 2002 por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya imputado, y el consiguiente convenio de colaboración preveía unas ayudas de 7.605.282 euros, "sin que en dicho expediente se hubiera presentado solicitud formal de ayuda sociolaboral", dice Alaya.
La cuantía de dicho expediente fue ampliada "sin justificación alguna, a instancias de Dhul y a costa de la Junta de Andalucía, en 2.399.785 euros", que no se destinó a prejubilaciones sino a maquinaria o inversiones de la empresa, añade.
La juez acusa además a Dhul de haber pagado "a modo de dádiva o recompensa" a Guerrero 6.960 euros que se ingresaron en una empresa de la que era titular Juan Francisco Trujillo, su chófer.
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