Piden a los grupos parlamentarios que acaben por ley con las “prebendas” de los políticos

La plataforma Sin Prebendas ha remitido a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su iniciativa para elaborar una ley de “eliminación de prebendas de la clase política cesada”, tales como exministros, exparlamentarios y similares.
Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue presentada en la Cámara Baja en junio de 2012, pero no fue admitida a trámite. Por eso, reenvían su propuesta a los grupos parlamentarios para que la hagan suya y se debata en el Congreso de los Diputados, según informaron a Servimedia fuentes de la citada plataforma.
“Ya que nos han negado este canal de participación, y creyendo que nuestra iniciativa no tiene ningún inconveniente y supone un ahorro en las cuentas públicas de las distintas administraciones, creemos que puede ser interesante que la presente en el Congreso su grupo parlamentario”, dice el texto que han remetido a las formaciones representadas en la Cámara Baja y que puede leerse en el blog de la citada plataforma.
En el texto, la plataforma señala que “en algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha ya se ha puesto en marcha esta medida con los exaltos cargos que son funcionarios y que cobraban un complemento vitalicio”.
La plataforma adjunta el texto de la ILP que presentaron infructuosamente en junio de 2012 para que los parlamentarios conozcan “con detalle” lo que proponen, cuyo objetivo es “ahorrar en el gasto de todas las administraciones públicas y suprimir privilegios que atenten contra los principios de igualdad reconocidos en la propia Constitución Española”.
El artículo 3 de la ley propuesta en su día por la Plataforma Sin Prebendas establece que “desaparece con carácter retroactivo cualquier tipo de consolidación retributiva asociada a la categoría, nivel o escalón que se derive del desempeño del puesto del alto cargo en cualquier Administración pública”.
Además, proponía que ningún ministro cesado reciba indemnización, así como tampoco ningún parlamentario “o familiar de éste”. “Igualmente, no recibirá pensión parlamentaria alguna”, añade el texto.
La exposición de motivos de esta ILP argumentaba que “en el actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad en el gasto para la reducción del déficit del Estado y de las comunidades autónomas, todas las administraciones están recortando partidas presupuestarias que afectan a los principales pilares del Estado del bienestar”.
PRIVILEGIOS
“Sin embargo”, añade, “los directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones y en los órganos representativos de decisión de la nación mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad”.
Pero además, agrega, se trata de una situación de la que se benefician diputados, senadores, presidentes de diputaciones, cabildos, alcaldes, concejales y asesores y que “entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto”.
Asimismo, señala que el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, “concede unos privilegios” a quienes han ocupado un escaño “que son incomprensibles en este contexto de crisis”.
“Las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, depositante de la soberanía de la nación, y las normas citadas dejan fuera de su ámbito a más del 99% de la población, dándose el caso, en líneas generales, que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones”, concluye el texto.