Piden a vicepresidenta se implique en redactar ley de Propiedad Intelectual

El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha pedido hoy en nombre de la industria cultural la "implicación directa" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que tramita el Senado.

Madrid, 22 sep.- El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), José Luis Acosta, ha pedido hoy en nombre de la industria cultural la "implicación directa" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que tramita el Senado.

En un acto celebrado en Madrid, al que han asistido los presidentes de las principales sociedades de gestión de derechos de autor en España, se ha pedido al Gobierno la retirada del proyecto de ley de Propiedad Intelectual en sus actuales términos por considerarlo "innecesario y regresivo".

A juicio de los creadores españoles, la LPI, que ellos llaman Ley Lassalle, en referencia al secretario de Estado de Cultura, aleja a España de las normas europeas y no es eficaz en la lucha contra la piratería.

El Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas artes ha sido escenario de un acto "pacífico, legal y democrático" con el que "la comunidad creativa" ha pedido al Gobierno y partidos políticos que el proyecto de LPI incorpore sus demandas, ha explicado el músico Luis Cobos, presidente de la sociedad de gestión Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

Cobos, acompañado por los presidentes de otras siete sociedades de gestión (AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, VEGAP Y SGAE), que agrupan a 157.000 profesionales, ha recordado que "la gestión colectiva es el salario de los actores", y que "si no se actúa pronto, este pasará a ser algo residual".

El presidente de la SGAE ha recordado que la industria de la cultura y el entretenimiento da empleo unos 500.000 personas y factura unos 37.000 millones anuales, el 3,5 % del PIB, "algo más que la industria agroalimentaria".

En este sentido, Acosta ha pedido la intervención de la vicepresidenta del Gobierno para "abrir un proceso real de debate" con los estudios técnicos necesarios para proteger la "clave de bóveda" que es la propiedad intelectual para la industria cultural.

"Es un ley complicada que afecta a muchos ministerios, creemos que tiene que haber alguien que coordine el trabajo y la vicepresidenta puede tener una papel excelente en ese sentido para dar un empujón al consenso", ha explicado a Efe el presidente de la SGAE.

Los creadores han puesto de manifiesto, en palabras de Cobos, que el actual proyecto de LPI "reduce las tarifas, cuestiona el sistema de recaudación y acecha a la propia gestión colectiva desestabilizando su estructura y alejándola de los países europeos".

Las entidades de gestión señalan que el sistema de compensación por copia privada, que pasó de ser soportado por los fabricantes de dispositivos digitales a estar a cargo de los presupuestos generales del Estado, ha causado un perjuicio de unos 100 millones de euros al año a las entidades de gestión.

"Espero que el sentido común llegue y esto se pueda solucionar a mediados de octubre, cuando llega la ley al pleno del Senado", ha explicado el presidente de SGAE.

De hecho, el Supremo ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial que pone de manifiesto sus dudas sobre la legalidad del sistema de compensación por copia privada.

Según las cifras ofrecidas hoy, la compensación equitativa en la UE por copia privada se eleva a 600 millones de euros, y en España está cifrada en 5 millones, (0,07 euros per cápita), lo que le sitúa como el tercer país por la cola en este terreno, por delante de Polonia y Grecia, frente a Alemania que lidera la lista con 2,97 euros.

A juicio de los creadores, medidas como el incremento del IVA y las reducciones en inversiones culturales, unido la aprobación de la LPI en su actuales términos provocará que se siga destruyendo empleo, una pérdida que Acosta ha cifrado en 25.000 puestos de trabajo en 2013.

El director de cine Benito Zambrano ha explicado que en el hotel donde estaba alojado, las tarifas de propiedad intelectual por el uso de toda la música, obras y grabaciones audiovisuales representaban para las sociedades de gestión 0,28 euros por día.

La caída de ingresos ha impedido que se mantengan muchos de los los programas sociosanitarios y de formación de los creadores, ha apuntado Acosto, que también se ha mostrado partidario de "que haya un mayor control de las entidades de gestión".

Acosta ha señalado que, dado que la UE tendrá lista en 18 meses su propia ley de propiedad intelectual y "nos tendremos que adaptar a ella, lo lógico sería esperar, por eso no se entienden estas prisas".

Respecto a la piratería, el presidente de la SGAE ha señalado que este es un problema en el que "hay que ser más valientes", además de mirar más "por los intereses de la industria cultural española, la verdadera marca España, frente a las grandes compañías", dado que "solo el 4 % de lo que se recauda en la red llega al autor".

La reunión de creadores, a la que han asistido numerosos profesionales de la cultura y el espectáculo en España, como Víctor Manuel, Ana Belén, Pepe Viyuela, Benito Zambrano, Lola Herrera o José Mota, ha concluido con todos los asistentes coreando un "no" rotundo a la llamada "ley Llassalle".

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