Piden el archivo respecto a un imputado de los ERE por su fallecimiento

Sevilla, 20 sep.- La defensa de Antonio Arquero, imputado como perceptor de 449.981 euros en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que investiga la juez Mercedes Alaya, va a pedir el archivo de la causa por fallecimiento del interesado.

Su abogado, Borja Ortas, ha informado hoy a Efe de que Arquero falleció el pasado 25 de agosto en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, a los 64 años, por lo que va a solicitar la extinción de la acción penal según prevé el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho precepto regula la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento, con la salvedad de que la responsabilidad civil puede seguir reclamándose a sus herederos.

Arquero era vecino y amigo en El Pedroso (Sevilla) de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado desde marzo, y percibió 449.981 euros por una "renta de supervivencia".

En octubre del 2011 compareció como imputado ante la juez Alaya, declaró que se gastó la casi totalidad del dinero percibido en arreglar su casa de El Pedroso y precisó que creía que tenía derecho a la ayuda por haber trabajado desde los 14 años en la minería.

También trabajó como taquillero de la piscina municipal y reconoció a la juez que pidió ayuda a Guerrero "para informarse" sobre las prestaciones a las que tenía derecho.

Su defensa ha mantenido desde el principio la inocencia de Arquero pues se limitó a pedir una prestación que fue "tramitada por un responsable de la Administración, previa solicitud del mismo incluso en una de las oficinas de la Consejería de Empleo".

El responsable de autorizar o denegar la prestación "era única y exclusivamente el personal de la Administración" y el beneficiario no podía "comprobar si efectivamente era conforme a derecho", por lo que se consideraba "un perjudicado más", según Ortas.