La declaración que prestó Ana Botín la semana pasada en la Audiencia Nacional por la compra del Banco Popular ha provocado un alud de peticiones al juez que investiga la resolución de la entidad. Afectados del procedimiento han solicitado que, tras las manifestaciones de la presidenta del Banco Santander, se cite a declarar también en calidad de testigo a parte de su equipo -al que ella hizo alusión durante su relato- y se recabe más documental sobre el proceso de compra de la entidad.
Los afectados consideran que esta batería de diligencias es "totalmente útil y necesaria" para esclarecer los pormenores del proceso de compra del banco tras su resolución por parte de la JUR a mediados de 2017. El magistrado José Luis Calama Teixeira llamó a declarar a Botín para que explicara en qué consistió el proceso que terminó con la compra del Popular por el precio de 1 euro. La banquera precisó en sede judicial que no recibió presiones ni del entonces ministro de Economía Luis de Guindos ni del gobernador del Banco de España Luis María Linde para entrar en la operativa antes de que el Popular cayera en manos de la autoridad de resolución bancaria Europa.
No obstante, cuando fue preguntada por los detalles de esta operación, Botín se remitió expresamente al entonces director de Desarrollo Corporativo del Grupo Santander José Luis de Mora y al director de Estrategia y hombre de su confianza, Víctor Matarranz. Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso este diario, ambos directivos del Santander fueron los encargados de elaborar las presentaciones dirigidas a la Comisión Ejecutiva del banco sobre la valoración del Popular entre los días 13 y 15 de mayo así como la que se envió al Consejo de Administración del Santander el 22 de ese mismo mes. Según expuso Botín en sede judicial, la entidad se planteó la compra en mayo de 2017, sin embargo finalmente la descartó porque, según dijo, el Popular tenía un nivel de provisiones muy bajo.
Turno para Echenique
De modo que por ese motivo declinaron hacer oferta de compra pese a que sí tuvieron acceso a la herramienta VDR (Virtual Data Room) en la que se consultó la información ofrecida por el Popular. No obstante, confesó que por aquel entonces comenzaron a plantear la posibilidad de que el banco que dirigía Emilio Saracho acabara en manos de la JUR, como así fue. En sus explicaciones, la presidenta del Santander dijo que fue un panorama fácil de vislumbrar debido a la intensa fuga de depósitos que estaba sufriendo, aunque insistió en que ella no participó de manera directa en este asunto. Entre las personas en las que delegó también se encontraba el presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, el cual declara este mismo jueves ante el juez instructor.
Por ese motivo, los afectados por la caída del banco piden ahora al magistrado que llame en calidad de testigo tanto a De Mora como a Matarranz para que expliquen el grado de conocimiento que tenían de la situación del Popular, de acuerdo con la petición formulada al juzgado. Además, también solicitan que se requiera al Santander para que identifique la persona o personas concretas que ostentaron el cargo de jefe de los servicios jurídicos entre 2016 y 2017 en tanto Botín también delegó durante su declaración en esta figura. En concreto, dijo que desde este departamento se encargaron de realizar la valoración de riesgos de litigio que asumía el Santander con la compra del Banco Popular.
Documentos a la JUR
En su testifical, que se alargó poco más de tres horas, Botín también indicó que presentaron la oferta de compra al Popular tras su resolución fuera de plazo y que lo hicieron así porque mediante comunicación formal se les trasladó que se había aprobado una extensión del margen de tiempo. Por ese motivo, y teniendo en cuenta que algunas partes del procedimiento sospechan que el banco pudo contar con información privilegiada en esta operación, solicitan a la JUR para que aporte una batería de documentos entre los que se encuentra la comunicación remitida al Santander y al BBVA de que, efectivamente, el plazo para la presentación de la oferta de compra que finalizada a las 00.00 horas del 7 de junio de 2017, había sido extendido.
Estos requerimientos se suman a los ya solicitados en los últimos meses por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. Entre la extensa documental que el juez viene reclamando al Popular se encuentran los pormenores de la oferta de compra del banco que se efectuó en mayo de ese año y que se conoce como proyecto Noya, además de todos los informes valorativos sobre el que se ha convertido en heredero del negocio del Popular. En palabras del instructor," los vaivenes valorativos del Banco Popular -en la época referida- son cuando menos, llamativos y necesitados de una explicación convincente".
De hecho, la Fiscalía ya consideró "útil y pertinente" contar con los testimonios de los responsables de estos informes (entre los que se incluyen De Mora y Matarranz) mientras que el juez, en uno de los últimos autos en los que requería más documentos al Santander, no descartó que, en un futuro, llame a declarar como testigos a los responsables de la JUR y del FROB. Se trata de una solicitud que ya han formulado los grandes fondos que litigan en la causa y que culpan a los gestores del banco así como a las autoridades europeas del desplome del valor de sus acciones que se tradujo en pérdidas multimillonarias. Precisamente De Guindos, en su testifical de finales de septiembre, cargó contra la JUR y cuestionó el nivel de transparencia con el que se hizo la resolución del Popular.
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