El presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio J Béjar, ha declarado por segunda vez en la Audiencia Nacional ante el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, por los contratos que el banco firmó con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Fuentes cercanas a la investigación confirman que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le deje en libertad sujeta al pago de fianza de 500.000 euros al término de este interrogatorio, que se produce tras conocerse que se ha abierto una vía de investigación de cara a dilucidar si la empresa que preside destruyó información clave del banco.
Béjar, que fue jefe de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, ha sido interrogado por segunda vez en el marco de esta pieza novena de la macrocausa que indaga los encargos de la entidad al entramado empresarial del comisario jubilado desde los años 2004 y 2005. En su primera declaración el empresario reconoció que existió una relación laboral entre el banco y el agente encubierto si bien la enmarcó en labores de identificación de clientes morosos. Con todo, esta segunda citación se produce tras revelarse que el magistrado García Castellón indaga si la documentación destruida guarda relación con este caso, tal y como adelantó 'El País'.
En esta ocasión Béjar ha respondido a las preguntas de las partes y al término de su interrogatorio, que ha quedado inconcluso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado libertad sujeta al pago de fianza de medio millón de euros. El instructor no ha resuelto sobre este asunto a la espera de terminar de tomarle declaración la semana que viene. El presidente de DCN ha llegado y salido de las dependencias judiciales acompañado de su letrado y sin hacer declaraciones a los medios; no obstante, estas citaciones se enmarcan dentro de su intención de colaborar con la Justicia de cara a esclarecer estos hechos que indaga el Juzgado Central de Instrucción número 6.
La fianza más elevada
Se trata del único de los ocho directivos del banco recientemente investigados que se ha pronunciado sobre su vinculación con los pagos a Villarejo, ya que el resto se acogió a su derecho a no declarar a tenor de que las actuaciones de esta novena pieza siguen bajo secreto de sumario. Del mismo modo, es el segundo alto cargo de la entidad para el que se piden medidas cautelares después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el exresponsable de seguridad Julio Corrochano libertad sujeta al pago de una caución de 300.000 euros. Petición que el magistrado acordó para el también comisario jubilado y que éste abonó el pasado viernes en la Audiencia Nacional mediante transferencia bancaria.
La citación de Béjar se produce apenas días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado de manera formal la petición de imputación del BBVA como persona jurídica en la causa por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares. El Ministerio Público explicó en una nota que toda la documentación incautada en los registros tras el estallido de la operación en noviembre de 2017 así como la aportada por la propia entidad ha permitido acreditar la existencia de estos pagos "ilícitos" los cuáles afectaron a "áreas sensibles" del banco.
De este modo, los fiscales de la macrocausa consideran que la entidad que preside Carlos Torres debe responder penalmente por unos hechos que se remontan al año 2004, cuando el banco contrató sus encargos, presuntamente gracias a la mediación de Corrochano, para frenar el intento de asalto al banco de Sacyr; operación que bautizaron como 'Trampa'. Sin embargo, lo que Villarejo enmarca dentro de labores de inteligencia, los investigadores consideran que es constitutivo de delito de revelación de secretos en tanto se pincharon miles de llamadas de empresarios, periodistas y miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con todo, los investigadores también apuntan que alguno de los directivos ahora imputados habría percibido dádivas del entorno de Cenyt a cambio de facilitar esta contratación que se prolongó más de una década y por la que la entidad abonó poco más de 10 millones de euros. Por todos estos motivos, el Ministerio Público se pronuncia en contra de que se le permita personarse como perjudicado en tanto interesa que, por el contrario, se le investigue penalmente por estos hechos.
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