Piden la imputación de jiménez losantos y seis consejeros de libertad digital por blanqueo un día antes de que prescriba el delito

La Asociación Observatori DESC ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que impute por blanqueo de capitales al periodista Federico Jiménez Losantos y a seis directivos más de Libertad Digital, tan sólo un día antes de que prescriba el supuesto delito, dentro de la investigación sobre su ampliación de capital supuestamente financiada por la 'caja B' del PP.
Se trata de Francisco Javier Rubio Navarro, Francisco Cabrillo Rodríguez, José Raga Gil, Pedro Gómez de la Serba Villacieros, Pedro Juan Viladrich Bataller y Pedro García Meroño, todos ellos vocales del Consejo de Administración de la emisora.
El abogado de esta organización, Gonzálo Boyer, solicita en un escrito dirigido al juez que se amplíen las diligencias previas a la investigación de los posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública que habrían podido cometer los responsables de Libertad Digital en el año 2004.
La petición está relacionada con la ampliación de capital acometida por la empresa en esa fecha por importe de 434.000 euros a la que acudieron la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, el también extesorero de la formación conservadora Álvaro Lapuerta, Francisco Javier Yañez Ron y Alberto Dorrego, que habrían pagado 572.400 euros.
Precisamente ayer, el juez tomó declaración a varios dirigentes populares, entre ellos el exsecretario general del PP, Ángel Acebes, y el propio Lapuerta, y al expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, sobre esta ampliación de capital.
138.400 EUROS PERDIDOS
En el escrito se indica que hay un desfase entre el monto de la ampliación de capital declarada (434.000 euros) y el dinero recibido (572.400 euros) de 138.400 euros que, podrían no haberse declarado a la Hacienda pública.
Las sospechas sobre esta operación se basan en el informe de la UDEF que explica que la dinámica utilizada en la ampliación de capital consistía en la utilización de fondos de origen ilícito y su posterior afloramiento al sistema económico de importantes cantidades de dinero, previo paso por las arcas o cuentas de la mercantil Libertad Digital, S.A.
Boyer entiende que estos hechos se habrían cometido entre los días 29 de octubre de 2004 y 2 de noviembre del mismo año, por lo que está a punto de cumplirse los 10 años que establece la ley para que se consideren prescritos. Sin embargo, esta solicitud de ampliación de querella paraliza el período de prescripción.
“A efectos de prescripción interesa recordar lo previsto en el artículo 131 del Código Penal”, dice el escrito, “que para estos supuestos establece en 10 años, que se cumplirían el próximo 29 y 30 de octubre y 2 de noviembre respectivamente”.