Piden prisión al vicepresidente del Cabildo grancanario por eludir impuestos

  • La Fiscalía de Las Palmas pide una pena de 9 meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez (PP), al que acusa de eludir el pago de impuestos en el Ayuntamiento de Santa Brígida entre los años 2001 y 2004.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 jun.- La Fiscalía de Las Palmas pide una pena de 9 meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Sánchez (PP), al que acusa de eludir el pago de impuestos en el Ayuntamiento de Santa Brígida entre los años 2001 y 2004.

Según el escrito de acusación del fiscal Miguel Pallarés, el entonces concejal de Hacienda de Santa Brígida, Antonio Díaz, de acuerdo con Sánchez, que también era edil, dio órdenes verbales en 2002 a la empresa Mungest de recaudación para que no se cobraran impuestos municipales a ninguno de los dos.

En el caso del vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo, la Fiscalía le reconoce como atenuante que hubiera regulado su situación tributaria con el Ayuntamiento tras compensar sus deudas relativas a los impuestos de vehículos, bienes inmuebles y de licencia urbanística.

El Ministerio Público acusa además a Antonio Díaz de dos delitos de malversación y uno de prevaricación, por los que pide una pena de 16 años y medio de prisión, por contratar y favorecer al letrado y amigo suyo Adolfo Llamas, para quien también solicita dos años de prisión por un presunto delito de malversación.

Según el escrito de la Fiscalía, entre los años 2002 y 2007 y sin mediar contrato alguno, Llamas prestó servicios jurídicos al Ayuntamiento por los que recibió 251.106 euros, y entre 2002 y 2010 actuó como letrado de la corporación y se embolsó 334.120 euros.

La Fiscalía acusa también a Díaz de aprovechar su etapa de concejal de Hacienda y Personal entre 2001 y 2003, y de alcalde a partir de 2005, para que se contratara a su nuera y otras dos personas más prescindiendo todo sistema de selección.

Así mismo, acusa a Díaz de favorecer a un amigo que suministraba material informático a su autoescuela y que recibió del Ayuntamiento 136.531,18 euros.

El Ministerio Público pide que se inhabilite a Díaz para el ejercicio de empleo o cargo público durante 53 años y que restituya al Ayuntamiento los 136.531 euros que se abonaron a su amigo por el suministro y servicios informáticos que no se correspondieron a la realidad.

El fiscal propone que el juez determine en sentencia la cantidad que debe pagar Díaz por los impuestos municipales que no pagó y la indemnización que debe abonar junto a Llamas por el perjuicio causado al Ayuntamiento.

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