Piden que declare en el Supremo Simón y los técnicos por su informe sobre el virus

La denuncia que ha presentado el abogado Víctor Valladares contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo amplía el foco a otros miembros del Ministerio de Sanidad. El letrado incluye en su escrito presentado el jueves ante el alto tribunal que se abra causa contra el presidente del Gobierno por no prohibir la manifestación del 8-M y reclama, además, que se cite en calidad de testigo a una de las caras visibles del Ejecutivo en la lucha contra el coronavirus, Fernando Simón, y otros diez técnicos del Ministerio que dirige Salvador Illa y que advirtieron del riesgo de coronavirus a principios de febrero. 

Tal y como adelantó este diario, el letrado ha denunciado a título individual a Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación administrativa y lesión por imprudencia por dar luz verde a estas marchas en la capital y otras zonas de España pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado el COVID-19 como una pandemia. En su escrito, al que ha tenido acceso La Información, solicita además la testifical del presidente Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, y de otras diez personas que elaboraron el Informe del CCAES y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

Todos ellos participaron en la redacción de un documento fechado el pasado 10 de febrero y que se actualizó el 6 de marzo, dos días antes de que se celebrara la marcha del Día de la Mujer en la que en Madrid participaron un total de 120.000 personas. En el documento se advertía de la falta de información que había entonces acerca de este virus que se ha cobrado la vida de más de 4.000 personas en nuestro país, aunque recogía las advertencias plasmadas por la OMS. De acuerdo con el escrito de Sanidad, se aconsejaba "llevar a cabo las precauciones estándar para reducir la exposición y la transmisión de múltiples enfermedades". 

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Este es el segundo escrito del abogado sobre estos hechos. Hace unos días, en concreto el pasado 19 de marzo, presentó una denuncia únicamente por el delito de prevaricación contra el propio Pedro Sánchez y otra veintena más de cargos, entre ellos varios delegados de Gobierno de todo el territorio. La denuncia, que se interpuso en los juzgados de guardia de Madrid, recayó tras el reparto oportuno en la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. La magistrada la admitió a trámite pero únicamente contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. 

No obstante, amplió el tipo penal e incluyó además de la prevaricación administrativa el delito de lesiones por imprudencia por el posible riesgo al que se habría sometido a la población al no prohibir la marcha del 8 de marzo. Además, acordó una ingente batería de diligencias tanto a la Policía Judicial de la Guardia Civil que va a investigar estos hechos como al médico forense adscrito a su juzgado. Ello ha llevado al abogado a ampliar su denuncia contra Sánchez incluyendo el delito de lesiones y solicitando además, todas las diligencias ordenadas por Rodríguez-Medel. 

Para esclarecer si se cometió delito o no desde la Delegación del Gobierno de la capital será clave el informe que emita el forense. En concreto, encarga al facultativo que determine si las manifestaciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo en la capital fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida de las personas y si, de serlo, esta circunstancia se podía preveer o, por el contrario, no era posible vaticinarlo desde un punto de vista científico. Aunque la magistrada reconoce que todo son interrogantes en este momento tan incipiente de la investigación, sí que considera que debía abrir causa. No obstante, recuerda que éste no es un asunto urgente y, por tanto, tendrá que esperar a que se reanude la actividad judicial cuando se levante el estado de alarma, para dar comienzo a las pesquisas.