Está a punto de cumplirse un año desde que Pilar Llop (Madrid, 1973) llegó al Ministerio de Justicia. El 12 de julio será el aniversario. Desde entonces mantiene su despacho en el edificio que se encuentra en la transitada calle San Bernardo 45, de Madrid. Antes trabajaba en el Senado, la Cámara Alta que presidió desde diciembre de 2019 hasta que se convirtió en ministra. Lo cierto es que la Justicia es un ramo que conoce de cerca, pues es magistrada de carrera especializada en violencia de género. No obstante, aparcó esta etapa profesional para meterse de lleno en la política, desempeñando funciones como diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid o como delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
Llop defiende el pluralismo político porque "está consagrado en nuestra Constitución", pero reprocha a las distintas fuerzas políticas que voten en contra las últimas medidas del Gobierno para frenar la inflación o las consecuencias sociales y económicas de la "guerra de Putin". "No están a la altura de las circunstancias porque no entienden la complejidad de los problemas y anteponen sus intereses propios", ha dicho la ministra de Justicia en una entrevista a La Información, en la que también ha expresado su opinión sobre la posibilidad de modificar la responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas y si ésta ayuda a evitar condenas por determinadas tomas de decisiones.
Causas judiciales como 'Púnica' o el 'caso Villarejo' ha provocado la imputación de empresarios y ejecutivos de importantes compañías. ¿Funcionan los sistemas de 'compliance'? ¿Y la responsabilidad penal de las empresas?
Los sistemas de 'compliance' han sido efectivos. Cuando hay que pedir responsabilidades nadie puede decir que por desconocimiento de la legislación no ha actuado de una determinada manera. Por lo tanto, sí que estos sistemas garantizan que no hay impunidad a la hora de actuar y de tomar determinadas decisiones que pueden ser delictivas. En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, fue una modificación que hizo el PP en el año 2015 con el artículo 31 bis del Código Penal. Es verdad que está teniendo determinadas disfunciones en la práctica al superar esa doctrina del levantamiento del velo, que permitía que el administrador de una empresa fuera la condenada. Ahora es mucho más difícil de identificar esa responsabilidad porque parece que se puede diluir.
¿Cree que merece algún retoque ese artículo 31 bis del Código Penal?
Es un debate doctrinal y en algún momento es posible que aterrice también en el debate político. Por eso creo que es importante explicar y analizar cuál ha sido el efecto práctico, si ha sido efectivo o no realmente, esta modificación del artículo 31 bis del Código Penal. Si fuera necesario abordar algún tipo de ajuste legal, por parte del Ministerio lo analizaríamos. Es un tema muy interesante para evitar que se diluya la responsabilidad. Que al final no resulte nadie condenado cuando sabemos que alguien tiene que haber tomado las decisiones...
"Es importante explicar y analizar cuál ha sido el efecto práctico de la modificación del artículo 31 bis del Código Penal. Si fuera necesario abordar algún tipo de ajuste legal, por parte del Ministerio lo analizaríamos".
Por otro lado, el 30 de junio termina la moratoria concursal. Hay muchas enmiendas a la nueva ley. ¿Se resolverán en plazo?
Estoy convencida de que llegaremos a cumplir el plazo. Es una ley muy compleja porque hemos intentado que todas esas empresas que son viables pero que no tienen liquidez no tengan que ir necesariamente a un procedimiento de insolvencia. Ni que el empresario tenga que perder todos sus bienes y sea inviable que pueda recuperar la actividad económica, que además es un drama. Lo que pretendemos es que esas empresas que son viables, desde un momento más temprano, puedan reestructurar su deuda y de esta manera puedan salir adelante y mantener también los puestos de trabajo. También se intenta agilizar determinados trámites burocráticos. Es una ley que ha tenido más de 600 enmiendas y el Poder Legislativo está ahora en trámite parlamentario de ajustes y de llegar a un acuerdo, pero yo creo que llegamos a tiempo.
¿Está en cuestión la prevalencia de los créditos públicos?
Es una de las cuestiones que ha generado debate y que ha provocado enmiendas. Con el texto refundido que se hizo, en principio el crédito público no quedaba afectado, pero la jurisprudencia y la aplicación de la normativa por parte de los juzgados de lo mercantil entendían que sí tenía que quedar afectado, ya que un texto refundido no puede crear una nueva norma de estas características.
También es importante explicar que lo que se hace es trasponer una directiva que responde, en cuanto al tema de la afectación del crédito público, a un sistema concursal de países nórdicos. En estos países las pensiones son los planes de pensiones privados que utiliza la gente. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema de pensiones públicas. Lógicamente, si nuestro sistema de pensiones es tan distinto, es una obligación cuidar el crédito público porque nos afecta a todos los ciudadanos. Hacer esos equilibrios en ocasiones es complejo. Pero es importante señalar que la finalidad que tiene la ley concursal es proteger a las personas físicas cuando tengan que acudir a esa segunda oportunidad.
Los juzgados especializados en cláusulas suelo se quejan de falta de medios, incluso hablan de colapso. Hay un plan de Eficiencia de la Justicia, pero ¿cómo se puede abordar esto de manera efectiva?
No solo en tema de cláusulas suelo, sino en general, también en la jurisdicción social y otras jurisdicciones complejas que en momento de crisis tienen mayor litigiosidad. Es verdad que hay falta de recursos, pero también es verdad que la Justicia se ha visto como un agujero negro, que absorbe todo lo que le echemos y no resulta eficaz, no conseguimos descongestionar por más refuerzos que pongamos. Por ello, lo que queremos con las leyes de Eficiencia es arrojar luz en este agujero negro. Es decir, actuar sobre el problema endémico y estructural, que es la organización judicial, y el modelo de Justicia que tenemos. No es razonable que haya un juzgado con un número de funcionarios que funcione perfectamente y que haya otro en la misma localidad que esté atascado.
La inflación está muy cerca a los dos dígitos y probablemente, según dice el Banco de España, no se van a recuperar los niveles pre-pandemia hasta finales de 2023, en cuanto al crecimiento del PIB. ¿Cómo va a afectar la economía a este tramo final de la legislatura?
Hay que tener en cuenta que también hay una inflación subyacente, que es menor, lógicamente, y que la guerra de Ucrania nos ha afectado de una manera evidente, no sólo a España, a todos los países. Lo que hace el Gobierno es dar una respuesta lo más rápida posible para que las personas, empresarios, trabajadores, también en el sector agroalimentario o en el sector turístico, no tengan que soportar los efectos sociales y económicos de la guerra de Putin. Tenemos una previsión de que estamos creciendo, pero también venimos de una pandemia.
"Lo que hace el Gobierno es dar una respuesta lo más rápida posible para no tener que soportar los efectos sociales y económicos de la guerra de Putin".
Caímos a nivel de la guerra civil...
Sí, pero las medidas que se han adoptado por este Gobierno han sido medidas sociales, como ha sido la aprobación de la reforma laboral. Ahora mismo, en los datos de abril, sabemos que uno de cada dos trabajadores tiene contratos más estables, contratos indefinidos. También se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.000 euros. Se ha abordado el impuesto del pago de la luz directamente con rebajas impositivas importantes con el esfuerzo negociador que se ha hecho en relación a la excepción ibérica, que junto a Portugal ha sido un acuerdo realmente histórico, y que estamos esperando a que el Consejo Europeo ya lo apruebe definitivamente. El acuerdo de los 140.000 millones de euros que logró nuestro presidente del Gobierno. Los PERTE, que está siendo una medida muy importante para la industria en nuestro país; y la sostenibilidad de las pensiones con la indexación al IPC. Estamos constantemente tomando medidas para que a la gente le vaya mejor porque si a la gente le va mejor, a todos nos va ir mejor, al país le va mejor y también va a circular la economía.
Sin embargo, también estamos viendo cómo hay fuerzas políticas que están votando en contra constantemente de esas medidas. Uno puede ideológicamente tener la opinión que quiera y el criterio que quiera, eso es lo más respetable, el pluralismo político está consagrado en nuestra Constitución; pero en las medidas que afectan a la vida de las personas, hay fuerzas políticas que no están a la altura de las circunstancias porque no entienden la complejidad de los problemas y anteponen sus intereses propios, políticos a los intereses de los ciudadanos. Por eso, lo que esperaría de fuerzas políticas con vocación de gobierno, que han gobernado en nuestro país, es que estén a la altura de las circunstancias y que en este tiempo que queda de legislatura, hasta finales de 2023, estén al lado de los españoles.
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