Los grandes fondos de inversión personados como acusación en la causa del Banco Popular mueven ficha. Pimco, Anchorage y Algebris han solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira una batería de testificales de altos cargos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España, además de cinco imputaciones más, tres de las cuáles corresponden a exdirectivos de la entidad. El objetivo es que expliquen en sede judicial los pormenores de la compra de acciones para la ampliación de capital de 2016 así como los vínculos que el banco tuvo con Thesan Capital.
De hecho, las otras dos imputaciones que ahora piden se corresponden precisamente con las dos personas que constan como propietarias de varias mercantiles de Luxemburgo que conformaban el entramado Thesan. Los fondos insisten en apuntar que la entidad que acabó en manos del Santander pudo haber ocultado pérdidas millonarias con esta estructura de empresas vinculadas al banco las cuáles atravesaban serias dificultades financieras. Lo que quieren ahora es que se cite como investigados a Santiago y María Soledad Burgaleta para que aclaren en la Audiencia Nacional cual fue la verdadera relación de sus sociedades Bluequartz Investments y Dublon Holding con Thesan Capital y si el banco cometió irregularidades con estos acuerdos.
Igualmente, ponen el foco en tres exdirectivos del banco para que se les impute en el procedimiento. Estos son Francisco Sancha (director financiero hasta septiembre de 2016); Juan José Rubio (exdirector de Cumplimiento Normativo) y Tomás Pereira (exdirector del Departamento Legal). De acuerdo con el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 y recogido por este diario, se actúa tras escuchar en sede judicial a los investigados en el caso para que expliquen el diseño de la ampliación de capital de 2.505 millones, además de si se concedió financiación a los clientes con el fin de que participaran en la operativa mediante la compra de acciones.
De Pereira los fondos dicen que fue la persona encargada de "diseñar jurídicamente" el entramado de sociedades que pasó a gestionar el vehículo de inversión Thesan. Se acogen a la declaración prestada por el exvicepresidente del Popular José María Arias, el cual expuso en su interrogatorio como investigado el pasado mes de noviembre que Pereira explicó al Consejo de Administración los motivos de la condonación de un deuda de 40 millones de euros de GAC40. La inmobiliaria Gestión de Activos Castellana 40, de la que se hizo cargo la entidad, no fue incluida en los balances hasta que lo ordenó el Banco Central Europeo. Los fondos sospechan que es una de las empresas que el banco refinanció de manera fraudulenta con el entramado luxemburgués.
Testigos de la última etapa del banco
Los grandes fondos buscan probar en el marco de este procedimiento que los antiguos gestores del banco, incluidos los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, son los responsables penales de que perdieran cerca de 280 millones tras quedar reducido a cero el valor de sus bonos. Es por ello que, además de la petición de imputaciones, solicitan una veintena de testificales también de exmiembros de la entidad, así como del Banco Central Europeo, del supervisor nacional, la CNMV y la Agencia Tributaria. El conglomerado liderado por Pimco considera que todavía hay exaltos cargos del Popular que pueden explicar detalles que sirvan al instructor para esclarecer si hubo delito en la caída del sexto grupo bancario.
Por eso instan al instructor que llame a declarar como testigo a Yolanda García (exdirectora de auditoría interna); Carmen Rivera (Riesgos); Miguel Ángel del Moral (secretario general técnico) y Luis Mohedano y María Villanueva, ambos interventores generales asistentes de la entidad. De García aseguran que fue la que descubrió un 'roto' de 123 millones de euros de provisiones en las cuentas anuales de 2016, mientras que a Rivera le atribuyen los trabajos para realizar 80.000 tasaciones nuevas ya bajo la etapa de Emilio Saracho como presidente.
En lo que respecta a Moral, los fondos aseguran que fue una de las personas designadas por Ron para diseñar la ampliación, mientras que las dos últimas testificales se piden para que expliquen, en calidad de responsables de la planificación de la cuenta de pérdidas, el déficit de provisiones detectado por el Banco de España. A todos ellos se suman los directores de oficina de tasaciones y contabilidad, Cecilio Real y José Manuel Sáenz, respectivamente, además de los exvicesecretarios del Consejo de Administración del banco José Heraclio y Francisco Javier Lleó.
Supervisores del caso Bankia
Aunque el peritaje de los inspectores del Banco de España apuntaba que la entidad era viable hasta que sufrió una intensa fuga de depósitos en sus últimos meses de vida, el bloque que lidera Pimco quiere que altos cargos de supervisor aporten más detalles de este capítulo en sede judicial. Por eso solicitan la testifical de un total de seis altos cargos del BdE, la mayoría de los cuáles habrían dado la voz de alarma sobre el alto nivel de activos improductivos en comparación con otros banco del sector. Se trata del supervisor Jesús F. Martínez, los inspectores José Antonio García y Manuel Caro además de José Luis Ballesteros y D. Francisco Monzón, estos últimos en calidad de jefe de grupo y director de supervisión, respectivamente. A ellos hay que sumarle Mariano Herrera, exdirector general de supervisión que ya declaró como testigo en el juicio por el caso Bankia.
Igualmente ponen el foco en las reuniones que los exaltos cargos del banco mantuvieron con Europa. Según se desprende de su escrito, directivos del Banco Central Europeo advirtieron sobre los temas de clasificación de créditos o activos improductivos. Por eso aseguran que las inmunidades de las que gozan estos altos cargos "no son absolutas" y piden que den cuenta de estas reuniones en la Audiencia Nacional el director general del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Ramón Quintana; el director de Supervisión Micro-Prudencial del BCE, Ignacio Pardo y el director general de esta división Paolo Corradino. Además, se hacen eco también del expediente sancionador de la CNMV por irregularidades en las cuentas de 2016 y reclaman la testifical del autor de este informe del regulador, Eduardo Manso, y de los inspectores de Hacienda que elaboraron el informe de octubre de 2017 relativo al entramado Thesan.
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