La gestora de fondos Pimco no está conforme con el criterio de la Audiencia Nacional de exonerar al Banco Santander de cualquier responsabilidad por la quiebra del Popular y, por eso, ha presentado un escrito ante este órgano judicial en el que anuncia que dará la batalla ante el Tribunal Supremo de cara a que se vuelva a imputar en el procedimiento penal a la entidad que preside Ana Botín. En concreto, el gigante anuncia que interpondrá un recurso de queja ante el alto tribunal contra el auto de la Sala que deniega su pretensión de mantener el criterio del magistrado instructor.
El fondo que representa a miles de inversores responde de esta forma a la decisión de la Sección Cuarta la cual ya dejó abierta la posibilidad de recurrir al Supremo su decisión sobre el nulo grado de responsabilidad que pudiera tener el banco en la debacle del Popular. Los magistrados vuelven a recordar además que "no existe dato alguno que indique una participación ni siquiera indiciaria" del heredero del Popular en este procedimiento penal centrado en esclarecer, por un lado, los pormenores de la ampliación de capital de 2016 y, por otro, lo relativo a la supuesta manipulación del valor de cotización de las acciones de la entidad.
No obstante, los magistrados que firman el auto -y que pertenecen a la misma Sección que juzga la salida a bolsa de Bankia- dejan claro que se trata de una instrucción que sigue en curso y no descartan que, con motivo del avance de la misma, aparezcan nuevos hechos que deriven en una nueva imputación de la entidad que compró el banco por el simbólico precio de un euro aunque, sin perjuicio eso sí, de que siga teniendo que responder en vía civil por el hundimiento del banco. "Este tribunal adolecería de una grave incrongruencia interna si ahora admitiera la preparación del recurso de casación", concluye.
Corrección del criterio del juez
Lo cierto es que la imputación del banco por parte del magistrado José Luis Calama Teixeira el pasado mes de enero provocó un giro importante en el avance de las pesquisas. Se trató de una de las primeras decisiones de calado acordadas por el magistrado tras su llegada a la causa en sustitución del instructor inicial Fernando Andreu y la justificó razonando que debía responder penalmente por lo ocurrido en calidad de heredera del negocio tras la adquisición en junio de 2017. En su auto del pasado mes de enero explicó que se dirigía contra el Santander "por la sucesión procesal por absorción" e incluso adelantaba que se les interrogaría en sede judicial cuando incorporara a la causa el informe pericial del Banco de España.
Los servicios jurídicos del Santander recurrieron la decisión del magistrado y llevaron el asunto a la Sala de lo Penal apelando a la "innegable ruptura" que a su juicio se produjo con la anterior cúpula a tenor de la resolución del Popular por la JUR. De hecho, dedicó buena parte de su escrito a apelar a la gestión de la administración pública por ser la que ordenó la disolución del banco y expuso que la fusión por absorción lejos de plantear un fraude de ley se trató de una operación real consecuencia lógica de la operación de compra y de la integración del Popular en la estructura del banco.
Además plantearon que la intervención del Santander fue "incuestionablemente favorable" para los inversores y que la fusión se llevó a cabo de acuerdo con la normativa legal ya que, si el negocio se hubiera desgajado y vendido a un tercero, no quedaría en absoluto garantizada la continuidad del mismo. Eso sí, su alegato se centró en defender que, aunque el Popular mantenga la misma personalidad, no cabe duda de que se produjo una "clara e indiscutible quiebra" con los anteriores gestores en tanto los actuales dueños y administradores son distintos.
Aunque la Sala no se hizo eco de todos estos razonamientos lo cierto es que ordenó al instructor corregir su actuación porque no se le podía trasladar "sin más" la responsabilidad penal de los hechos que se investigan desde octubre de 2017 en este órgano judicial y que derivaron en la imputación del Consejo de Administración de la entidad y de los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho. Ahora la Sala vuelve a pronunciarse en los mismo términos pese a la tesis de las acusaciones las cuáles batallan por recuperar las millonarias inversiones que se materializaron básicamente en la compra de abonos del Banco Popular y no en acciones.
El instructor, que recientemente limitó las acusaciones del procedimiento a un máximo de diez atendiendo a criterios de racionalidad y de cara a no enternizar una causa de por sí compleja, tuvo muy en cuenta el nivel de implicación en estos hechos de los grandes fondos. De hecho, acordó que tanto Pimco como Anchorage y Cairn ostentaran una de las diez personaciones teniendo en cuenta que representan a miles de inversores. También mantuvo también la representación individual del Grupo Luksic, cuya inversión en el Popular superó los 100 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios