La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha amenazado a las comunidades autónomas que apliquen el pin parental con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978. Rosell ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser que "si falla el diálogo político habría que seguir un camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".
El artículo mencionado por Rosell fue aplicado en Cataluña con motivo de la declaración de independencia y se encuentra incluido dentro del Título VIII, que contempla la organización territorial del Estado, concretamente dentro de su Capítulo tercero referente a las comunidades autónomas.
Literalmente, el 155 dice: "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".
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