Luis Pineda ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que investigue el inicio de la 'operación Nelson' que derivó en su detención y su ingreso en prisión en abril de 2016. El presidente de Ausbanc solicita, en un escrito dirigido en este caso a la Fiscalía de ese órgano, que indague los pormenores de la denuncia anónima que presentó la UDEF un año antes de su arresto contra su asociación y Manos Limpias asegurando que detrás de la misma está el BBVA y su expresidente Francisco González y que el inicio del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional por presunta extorsión se debe a una "investigación parapolicial" liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Así consta en un escrito del pasado 21 de abril al que ha tenido acceso este diario y en el que insiste en que se investigue el "origen delictivo" de las diligencias que se siguieron en el Juzgado Central de Instrucción número 1 para que se suspenda o se archive la vista oral que acoge la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en su contra. La misma está paralizada por la crisis sanitaria del coronavirus y se dirige contra una docena de personas por participar en un presunto entramado con el que se habría extorsionado a entidades y empresas a cambio de no hacerles publicidad negativa.
Pineda solicita además que se dé traslado de su escrito a los fiscales Anticorrupción al frente del caso Tándem, en el marco del cual está investigado el BBVA como persona jurídica por sus encargos de espionaje al entramado empresarial del agente encubierto y en el que él está personado como perjudicado. El empresario denuncia que intentó poner estos hechos en conocimiento de la causa contra Ausbanc y que no se le escuchó hasta que las pesquisas que se siguen en la pieza novena del caso Tándem revelaron la existencia de un plan por el cual se le espió para neutralizar sus acciones contra la entidad que ahora preside Carlos Torres en plena guerra judicial por las cláusulas suelo.
Relata la defensa del líder de Ausbanc que las diligencias practicadas hasta el momento por Anticorrupción en el caso Tándem y la documentación aportada por la entidad al caso ponen de manifiesto que el jefe de los servicios jurídicos del BBVA Eduardo Ortega, habría participado junto con Francisco González en un almuerzo que tuvo lugar en el complejo policial de Canillas en enero de 2015 junto tras el cual se decidió redactar una denuncia que se interpuso de forma anónima contra Ausbanc desde la UDEF para investigar a la asociación de consumidores y a Manos Limpias.
Pineda asegura que el banco, investigado por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, retribuyó por medio de regalos y dádivas a funcionarios concretos de la Policía Nacional y la Guardia Civil al menos entre los años 2006 y 2015 para obtener a cambio tratos de favor. También alega que la retirada del banco del caso Ausbanc toda vez había finalizado la instrucción del mismo se produjo con motivo de los avances de la investigación que sigue el caso Tándem en relación a estos encargos concretos con Villarejo por los que el banco abonó 10,28 millones entre 2004 y 2017, año este último en que se produjo la detención de Villarejo por presunta organización criminal.
Su defensa apunta que este procedimiento penal cuenta con "múltiples documentos" que pondrían de relieve que se obtuvieron datos relativos a las actividades de Ausbanc así como información personal del entorno de Pineda vulnerando sus derechos fundamentales. De acuerdo con un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía que obra en el sumario de la causa, el Grupo Cenyt habría puesto en marcha en los años en los que elaboró informes para el banco un proyecto bautizado como 'Pin'. La finalidad del mismo, según el oficio policial, sería la de "destruir su reputación y la de Ausbanc y, posteriormente, "servirse de la UDEF para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención".
La tesis del banco
Los agentes trasladaron al magistrado instructor que en la documentación hallada en los domicilios de Villarejo y de su socio Rafael Redondo tras el estallido de la operación en noviembre de 2017 encontraron correos intercambiados entre el propio Redondo y el exjefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano en los que se informaba acerca de los vehículos que éste utilizó para sus desplazamiento así como de las llamadas mantenidas desde dos teléfonos vinculados al grupo empresarial de Ausbanc.
En relación a este aspecto, el escrito presentado por Pineda denuncia que se cometió una lesión en el derecho fundamental de las comunicaciones puesto que no había autorización judicial para controlar el tráfico de llamadas y también una lesión al derecho de intimidad porque la Policía se habría extralimitado en sus funciones. Con todo, no es la primera vez que Pineda pide que se anule un juicio que arrancó a comienzos de año en la Audiencia Nacional. El fiscal de la Audiencia Nacional al frente del caso Nelson, José Perals, se desvincula de la denuncia original y asegura que se debe continuar con la vista porque lo que se juzga es si los acusados en esta otra causa cometieron delito de extorsión con sus actuaciones.
El tribunal que juzga este caso, de hecho, se negó a suspenderlo tras la exposición de cuestiones previas por las partes de manera que dio continuidad a una vista en la que Pineda afronta 119 años de prisión. El banco, por su parte, ya está fuera del caso Ausbanc pero en lo relativo al procedimiento Tándem se ha desvinculado de estas acusaciones. Francisco González, en su interrogatorio en sede judicial el pasado mes de noviembre, dijo que se enteró de todo lo relativo a las contrataciones en el año 2018. En lo que concierne a Pineda asegura que fueron sometidos a un "chantaje" y "acoso brutal" por parte de la asociación.
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