Según los documentos, Pinochet recibió un informe de Carabineros (Policía) que identificaba la patrulla militar, y por su nombre a uno de los soldados, que el 2 de julio de 1986 prendieron fuego al fotógrafo Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana.
Rojas falleció cuatro días después, mientras que Quintana sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% de su cuerpo.
Pinochet se negó a recibir el informe y consideró errónea la información, según un cable del Departamento de Estado publicado casi tres décadas después de los sucesos en el Archivo de Seguridad Nacional, un centro de investigación de la Universidad George Washington.
"Los eventos descritos en el cable sugieren que el encubrimiento del crimen emanó de los más altos niveles del régimen de Pinochet, el propio general Pinochet", concluyó el Archivo.
Los jóvenes, que participaban en una jornada de protestas en contra de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fueron golpeados, detenidos, rociados con gasolina y quemados vivos, en uno de los crímenes más horrendos del régimen militar conocido como 'Los Quemados'.
Los militares luego los recogieron, los subieron a un vehículo y los lanzaron en una zanja en la vía, según otro documento, que describe en un estilo de telegrama los crudos detalles de los sucesos.
Días después del crimen, el Ejército aceptó el informe de los Carabineros y prometió que el caso se iba a resolver en 48 horas, revelaron los documentos secretos, obtenidos por medio de las leyes de acceso a la información.
Pero lo que siguió fueron treinta años de impunidad posibilitada por un supuesto "pacto de silencio" entre los militares, intimidaciones de testigos y presiones a jueces y fiscales chilenos, que solo ahora empieza a romperse.
En la última semana un juez chileno ordenó el arresto de doce exmilitares involucrados en el caso, quienes permanecen detenidos, gracias al testimonio de un exconscripto que colaboró con la justicia y quedó bajo arresto domiciliario nocturno.
Los documentos de la diplomacia estadounidense de la época echan luz sobre el crimen y los intentos de las autoridades chilenas por encubrirlo, incluyendo el secuestro de testigos.
Pero el canciller chileno, Heraldo Muñoz, reaccionó sin sorpresa a las revelaciones.
"No me sorprende, porque los que conocimos el denominado 'Caso Quemados' sabemos que hubo un encubrimiento por parte de la Fiscalía Militar de la época, basta leer los diarios y publicaciones de esos tiempos", comentó el canciller Muñoz a la radio local ADN.
"Hubo testigos, vecinos que vieron todo esto, que contaron la verdad y sin embargo el juez que se hizo cargo del asunto no investigó y acogió 100% la versión trunca, la versión de encubrimiento que le entregó en ese momento la Fiscalía Militar", agregó el canciller.
El asesinato de Rojas recibió en su momento especial atención en Estados Unidos, pues el joven residía en Washington con su madre Verónica de Negri, una exiliada de la dictadura, y llegó directamente a los ojos del presidente Ronald Reagan.
Un informe secreto de la Casa Blanca para el mandatario doce días después del crimen, ya apuntaba que la inteligencia chilena "acusaba a militares de estar claramente involucrados".
Según Peter Kornbluh, analista del Archivo de Seguridad Nacional, el asesinato de Rojas colmó el vaso en las relaciones entre Washington y Santiago y contribuyó a la posterior decisión de Reagan de presionar para un regreso a la democracia en 1990.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.
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