Pla renuncia a la ejecución del aval y Laporta esquiva de momento el embargo

Barcelona, 29 sep.- Vicenç Pla, el socio del FC Barcelona que había logrado que un juez obligara el expresidente Joan Laporta y a siete exdirectivos a avalar 23,2 millones de euros por las pérdidas acumuladas en su primer mandato, ha retirado hoy la petición de ejecución provisional de la sentencia.

Según ha confirmado a EFE Javier Leiva, abogado del demandante, el juzgado de primera instancia número 24 de la capital catalana, que debía ejecutar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, ha recibido esta mañana la renuncia de Pla a la prestación provisional del aval.

Laporta y los directivos Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín tenían de plazo hasta mañana viernes, 30 de septiembre, para avalar la citada cantidad ante la Liga de Fútbol Profesional.

Esos 23,2 millones de euros correspondían al 15 por ciento del presupuesto que el FC Barcelona aprobó para la temporada 2006-07 y que, según la sentencia, debía haber sido avalado por la junta directiva al haber acumulado pérdidas al final de su primer mandato.

La no presentación de este aval por parte de los exdirectivos (2,9 millones de euros por persona) habría activado un proceso de apremio que habría desembocado en el embargo de sus bienes.

El hecho de que Pla haya decidido renunciar a la ejecución provisional no significa que haya retirado la demanda, sino que esperará a que sea el Tribunal Supremo -Laporta recurrió en su día la sentencia- el que decida sobre el asunto.

Las manifestaciones del técnico del Barcelona, Pep Guardiola, en defensa de Laporta y su junta habían creado una corriente favorable a que el expresidente y sus directivos no fuesen embargados por su gestión al frente del club para evitar reabrir viejas heridas del barcelonismo.

El socio demandante, sin embargo, ha insistido en que si ha decidido paralizar el proceso de embargo no ha sido por las palabras de Guardiola sino porque, asesorado por sus abogados, no quiere enfrentarse a una posible reclamación económica de los demandados en el caso de que el Supremo finalmente les acabe dando la razón.