El PSOE, su programa electoral y sus expertos, contemplaban el cierre del parque nuclear a partir de los 40 años de vida útil. El Gobierno socialista también, al menos hasta el mes de julio. Pero cerrar los siete reactores en funcionamiento, que cubren un 20% de la demanda eléctrica, es complicado. La prueba es que el Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica prevé aprobar en los próximos días contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre.
El calendario de cierres deja las puertas abiertas a que las compañías propietarias -hoy divididas- decidan si operan algunas centrales más allá de cuatro décadas, según fuentes cercanas al Ejecutivo. Otras fuentes conocedoras del documento precisan que contempla el cierre de una única central hasta 2025 y de dos más, hasta un total de tres, en el horizonte de 2030. El cierre total se extiende hasta el año 2035.
El ritmo de cierres previsto en lo que todavía es un borrador, se ajusta a los informes que maneja la empresa pública de residuos Enresa y que conocen bien las compañías eléctricas. Según dichos informes, a corto plazo no es posible cerrar y desmantelar más allá de dos centrales y siempre que los cierres se produzcan con un intervalo de tres años.
Flexibilidad en los cierres
La flexibilidad en los cierres, según los expertos, está justificada por la complejidad técnica que supone cerrar una instalación nuclear. A ello hay que sumar la falta de un Plan de Residuos actualizado -el vigente es del año 2006-; la paralización del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), y el elevado coste de desmantelar.
La posibilidad de que algunas centrales funcionen más allá de los 40 años contradice el programa electoral del PSOE, que abogaba por ese límite y esquiva también las recomendaciones del comité de expertos que presidió la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El denominado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) que reunió el PSOE abogó en su informe por acabar con la generación nuclear y térmica de carbón en la década de 2020-2030; sacar al petróleo de los usos energéticos en la década 2030-2040, y eliminar también el gas natural, la energía de transición, para 2050.
En estos momentos, todas las empresas relacionadas con el negocio de la energía están muy pendientes del Plan de Energía y Clima. Es una de las tres patas -junto a la Estrategia de Transición Justa y la Ley de Cambio Climático- para descarbonizar la economía y cumplir con los objetivos de emisiones. De ahí la sensibilidad. Cerrar o no cerrar centrales a los 40 años supone que funcionen más o menos otras tecnologías como el gas (ciclos combinados), el carbón o las renovables.
Presiones y dinero en juego
Hay mucho dinero en juego y las presiones se multiplican. La patronal nuclear, a las puertas de que se haga público el Plan de Energía y Clima, ha abogado por una transición energética "controlada". El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, asegura que cerrar las nucleares a los 40 años haría difícil cumplimir los objetivos de recorte de emisiones hasta 2030, aunque admite que no comprometería la seguridad de suministro.
Según Foro Nuclear, las centrales nucleares desembolsaron el año pasado más de 1.000 millones de euros entre impuestos, tasas y cánones, lo que supone el 40% de su facturación. Los impuestos y la falta de rentabilidad son los argumentos de Iberdrola y Naturgy para defender el cierre de Almaraz en 2023 en contra de la opinión de Endesa, que defiende extender la actividad de la central más allá de los 40 años.
El calendario de cierre de las nucleares tiene también en vilo a los municipios que reciben ayudas por albergar en sus términos residuos nucleares o estar próximos a ellos. Son más de 100, han mantenido reuniones en los últimos días y abogan por mantener la actividad de las centrales y seguir las recomendaciones del grupo de expertos que reunió el anterior ministro de Industria del PP, Álvaro Nadal. El grupo Nadal no consideraba posible cerrar nucleares y carbón sin afectar a los precios y aumentar las emisiones.
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