El Gobierno ha planteado a Bruselas aprobar un impuesto específico a los billetes de avión, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Moncloa remitió a la Comisión Europea el pasado viernes. Los usuarios que utilicen el transporte aéreo se verán afectados, de esta forma, por una tasa que intenta desincentivar este medio de movilidad para apostar por otros más sostenibles. La medida se conoce el plena recuperación del turismo y con la vista puesta en una campaña de verano a la que a día de hoy sigue rodeando la incertidumbre por la situación sanitaria.
"El objetivo de este gravamen es el fomento del uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente así como el incentivo a la exploración de nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes", explica el Gobierno español a Bruselas en el citado Plan que dará acceso a los 150.000 millones de los fondos europeos. Además, en la página 10 del Componente 28, el dedicado a la "adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI" se puede leer que el Ejecutivo quiere "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores". Está negro sobre blanco.
El impuesto a los billetes de avión fue lanzado por el Gobierno de coalición apenas dos semanas antes de que estallara la pandemia. Wuhan estaba confinado y los casos en Italia comenzaban a incrementarse. El Ejecutivo puso sobre la mesa en ese momento dos nuevas figuras fiscales destinadas a incrementar la recaudación para poder acometer las políticas de gasto social acordadas por PSOE y Unidas Podemos y enmarcadas en el plan verde pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Se trataba de un impuesto al uso del transporte aéreo y otro al de plásticos que pretendían penalizar comportamientos perjudiciales con el medio ambiente.
La complicada situación económica y laboral del principal sector perjudicado por la pandemia llevó, sin embargo, al Ministerio de Hacienda a meter en el cajón una tasa que llegó a pasar el trámite de la consulta pública. El objetivo del equipo de María Jesús Montero pasa, por tanto, por, a la espera de las conclusiones de los expertos que recomendarán al Gobierno las medidas a acometer en la reforma fiscal, lanzar en el futuro este impuesto a los billetes de avión. Hacienda no ha concretado, de momento, a Bruselas cuál será ese momento, si bien es cierto que el planteamiento es que sea a partir de 2022.
Esta 'ecotasa' fue una propuesta de la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que recibió el visto bueno de Hacienda. El Gobierno se fijó en un impuesto que aprobó Emmanuel Macron en Francia y que afecta a todos los vuelos que salgan de aeropuertos franceses al exterior del país. Una tasa similar fue lanzada en Alemania con el nombre de "impuesto climático" como una propuesta de la canciller, Angela Merkel, de reducir los gases de efecto invernadero. Otros países donde el gravamen verde está vigente son Italia, Reino Unido, Noruega o Suecia, entre otros.
El Gobierno no llegó a calcular en cuánto se incrementaría la recaudación con un nuevo impuesto a los billetes de avión. Para tener un cálculo aproximado hay que remitirse a un informe de la Fundación Alternativas de octubre de 2019 en el que se ponía números a la tasa. Según este estudio, los viajes de corta distancia tendrían un coste adicional de 4,47 euros; los de media distancia de 23,32 euros y el gravamen podría ascender hasta los 41,99 euros en el caso de los viajes de larga distancia. El laboratorio de ideas del PSOE calculaba que la recaudación que generaría esta tasa rondaría los 1.300 millones de euros al año.
La tasa verde a los billetes de avión fue rechazada desde el principio por las aerolíneas. La patronal ALA (Asociación de Líneas Aéreas) considera que es necesario impulsar otras medidas antes que imponer un impuesto de este tipo. Apuestan, esencialmente, por una renovación de flotas para convertir a los aparatos en más eficientes y con un menor impacto medioambiental. En estos momento la Ley de Cambio Climático, en tramitación parlamentaria, obliga a las compañías aéreas al uso de biocarburantes pero aún queda concretar qué porcentaje deberán usar y los plazos.
Hay que recordar que las nuevas figuras fiscales no pueden ir incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Necesitan una ley propia, por lo que el Gobierno debe llevarlas a las Cortes de forma autónoma. Es lo mismo que hizo con las tasas Google y Tobin, ya en marcha. Otras tasas específicas en vigor, como la del diésel, puede ser modificada en el proyecto de ley de futuras cuentas públicas del Ejecutivo.
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