El Gobierno no aprobará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia este martes y lo hará, previsiblemente, la próxima semana, el día 27 de abril. Según explican fuentes gubernamentales, Moncloa ha decidido retrasar el visto bueno del documento con 102 reformas y 110 inversiones que dará acceso a los fondos europeos, alterando así las previsiones iniciales del área económica del Ejecutivo. El problema se encuentra, principalmente, en el diálogo social, donde dos reformas están alterando las negociaciones: la laboral y la de pensiones, que se encuentran estancadas.
La hoja de ruta fijada por Moncloa pasaba por presentar el pasado martes el Plan en la Comisión Delegada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sánchez compareció en rueda de prensa y desgranó el contenido. Al día siguiente, en el Congreso, el presidente expuso el texto que preveía aprobar junto a sus ministros este martes. Pero en el orden del día no se encuentra este punto y la previsión es que se haga en una semana, a tres días de que acabe el mes.
El plazo fijado por Bruselas a todos los países para tener aprobado sus respectivos planes es, efectivamente, el 30 de abril. Así se recoge en el artículo 15 del Reglamento comunitario: "El plan de recuperación y resiliencia presentado por el Estado miembro en cuestión se presentará conjuntamente con el Programa Nacional de Reformas en un documento único integrado y se presentará oficialmente, como norma, el 30 de abril como máximo".
Las fuentes consultadas aseguran que en los próximos días se va a seguir trabajando el Plan de Recuperación para pulir algunos aspectos. También para dar tiempo al diálogo social y concretar algo más el "perímetro" de las reformas que se estén cerrando. Cuanto más concreción mejor. El Gobierno tiene previsto cerrar las reformas en junio para poder recibir los primeros fondos a partir del segundo semestre.
Una de las reformas estancadas, no menor, es la laboral. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa de negociación un planteamiento que se ha topado con el rechazo de plano de la patronal. Los empresarios se oponen a la propuesta porque, según esgrimen, prioriza cambios en la negociación colectiva para reequilibrar la balanza de poder hacia el lado sindical. En el borrador expuesto ante el Congreso Sánchez planteaba un componente 23 igual al programa de coalición.
Desde el Gobierno defienden que en la hoja de ruta planteada con la reforma laboral sí se abordan las medidas que recomienda Bruselas. El componente incluye una ambiciosa reforma en la que se plantea, por ejemplo, una simplificación de las modalidades de contratación temporal con el objetivo de generalizar la contratación indefinida y atajar drásticamente el abuso de la contratación temporal, en línea con las CSR de la UE. Fue un proyecto al que la propia vicepresidenta tercera se comprometió en su primera visita a la UE.
Además, la propia Díaz reclamó a las fuerzas parlamentarias un pacto frente a la precariedad en una de sus primeras comparecencias. Ese es uno de los compromisos más significativos y característicos del Ministerio de Trabajo, además del resto de medidas planteadas, como la negociación colectiva y la subcontratación. A ellas hay que añadir las políticas activas, asunto que se aborda este mismo martes en el diálogo social, y el plan de garantía juvenil, que también se encarará en breve en el diálogo social y con las CCAA.
La otra reforma varada es la de las pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dado un giro en la mesa de negociación este mismo lunes al ceder a las exigencias sindicales para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero ese no es el único asunto que genera reticencias no solo en CCOO y UGT, sino también en las patronales CEOE y Cepyme. Los agentes sociales también han manifestado sus dudas respecto al endurecimiento del esquema de penalización de la jubilación anticipada e incentivo del retiro demorado. E incluso los socios del Gobierno se han posicionado en contra de estos planteamientos.
Con las negociaciones atascadas en el plano del diálogo social, la configuración del Plan de Recuperación se antoja imposible a corto a plazo, al menos en lo que se refiere a dos reformas capitales, como son la laboral y la de pensiones. En el mismo borrador del plan, el Gobierno deja claro que cualquier medida que se lleve a cabo en estas materias tendrá que ser consensuada con la patronal y los sindicatos. Precisamente, porque la Comisión Europea exige consenso social y político para que las reformas nazcan apuntaladas y perduren en el tiempo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios