Plataforma Salvem el Cabanyal presentará una denuncia ante el Ministerio de Cultura

Valencia.- La plataforma Salvem el Cabanyal ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Cultura para que tome medidas que eviten el "expolio" del patrimonio urbanístico del barrio que pretenden ejecutar el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, y además traslade esta situación a la Unión Europea.

Así lo ha anunciado hoy la abogada de la asociación, Blanca Blanquer, quien además ha avanzado la próxima presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto-ley de la Generalitat, que autoriza el proyecto urbanístico del Ayuntamiento para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del citado barrio, y todas las actuaciones derivadas del mismo.

La plataforma ha expuesto estas medidas en la asamblea general que celebra desde última hora de la tarde en el Ateneo Marítimo de El Cabanyal con la asistencia de medio millar de personas, entre las cuales se encuentran también representantes políticos y en la que se ha expuesto la actual situación del barrio y los acontecimientos políticos ocurridos en las últimas dos semanas.

Según ha expuesto Adelina Serna, también abogada de Salvem El Cabanyal, el decreto-ley de la Generalitat "no puede neutralizar" la orden ministerial que suspendió las obras del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio ya que el Estado es quien tiene "competencia exclusiva en materia de expolio".

Serna ha añadido que la Administración autonómica también tiene competencias en la proyección del patrimonio histórico pero es "limitada", pues finaliza donde comienza la exclusividad del Estado en esta materia, dispuesta por el artículo 149 de la Constitución.

La responsable de los servicios jurídicos de Salvem el Cabanyal ha defendido la orden ministerial que suspendió la actuación municipal, y ha dicho que es de una "gran claridad y plenitud jurídica" y que ha sido dictada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

Blanquer ha suscrito estos argumentos y ha añadido que el decreto-ley es una "tremenda osadía" hacia el Gobierno central, ya que "asume competencias exclusivas del Estado y le prohíbe a este que actúe".

Por otra parte, antes de concluir el acto, la asamblea ha aprobado la convocatoria de una manifestación para el próximo día 30 para exigir a la Generalitat y al Ayuntamiento que "acaten" las resoluciones judiciales, abandone "definitivamente" el proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y redacten un nuevo plan de reforma consensuado y "sin destrucción".

El portavoz de la plataforma, Faustino Villora, ha pedido además a los vecinos del barrio que "vigilen" cualquier intento de derribo de viviendas y que avisen en caso de que esto suceda para llevar a cabo una "rápida" concentración "pacífica" en torno al inmueble y evitar "que lo destruyan".

Por su parte, numerosos vecinos que han intervenido en la asamblea han denunciado que el Ayuntamiento está ubicando a "personas marginales" en viviendas de la zona afectada por el plan para "aumentar el nivel de degradación" y conseguir que apoyen la iniciativa, según ha expuesto uno de ellos.

También han hablado diferentes representantes políticos, como la portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, quien ha dicho que la intención de la Administración local y de la autonómica es "dividir" y "confundir" a los vecinos, y por ello les ha pedido que resistan, porque "la razón" les asiste "desde los tribunales y el Estado de Derecho".